España da un paso más el próximo verano en política medioambiental. Y es que desde el 13 de agosto de 2005 los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos tendrán que recoger y gestionar el reciclaje de los equipos antiguos que todos los usuarios deberán entregar en el momento de la compra de uno nuevo. Esto es lo que se recoge en el Decreto Ley 208/2005, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero, y que no hace sino seguir las líneas maestras de varias directivas europeas que incidían en la gestión de residuos. El ámbito de la ley es amplio y propone sistematizar la recogida y aprovechamiento de todo tipo de aparatos que funcionen gracias a corriente eléctrica o campos magnéticos, desde grandes equipos de refrigeración o un juguete o una tostadora, pasando por lámparas o equipos de informática y telecomunicaciones como un ordenador portátil o un teléfono móvil. El texto estipula, en su artículo 4, que la entrega será gratuita para el consumidor y que será el productor el que pacte con su canal la mejor forma de recogida de los mismos. Asimismo, el transporte y tratamiento de los residuos en plantas habilitadas a tal efecto deberá ser costeado por los proveedores. En este punto, el texto implica a los ayuntamientos, que deberán garantizar la recogida de aparatos procedentes de los hogares.
En el caso de que los aparatos de desecho procedan de clientes no residenciales, como empresas u organismos públicos, serán los fabricantes los que estén obligados a establecer el sistema de recogida y traslado a los centros de tratamiento autorizados. Para sufragar los gastos, la ley establece que los productores podrán suscribir convenios con las comunidades autónomas, a los que podrán adherirse voluntariamente los ayuntamientos.
La medida encarecerá en alguna medida el coste final de los productos. ¿Cuánto será? José Pérez García, presidente de Asimelec, la patronal que reúne al 80% de los proveedores de electrónica y telecomunicaciones, cree que es difícil decir ahora cuánto será el coste adicional en cada caso porque dependerá en gran parte del volumen de recogida. Sin embargo, Pérez García calcula que cada kilogramo de residuo costará medio euro. Así, un móvil estará en torno a 10 céntimos y un ordenador portátil costará 1,5 euros. No obstante, desde Asimelec aseguran que este sobrecoste no va a tener un impacto negativo en la demanda.
