Los plazos medio de pago en España vuelven a alargarse a pesar de la aplicación de la ley contra la morosidad por la enorme deuda de la Administración y las enormes dificultades de crédito a las que debe hacer frente el sector privado. Según estimaciones de la plataforma, el plazo medio de pago a proveedores en España aumentó en 2011 en cinco días con respecto al año anterior, tanto por parte del sector público (153 días) como por parte de las empresas (99 días). Este retraso nos coloca en la tercera posición de países con mayor demora, por detrás tan solo de Grecia e Italia que tradicionalmente también son malos pagadores.
Marío Yañez, director financiero de Tecnocom, una de las mayores empresas de servicios TIC del mercado español, explica que para hacer frente a la morosidad la compañía ha ideado una estrategia de servicios basada en soluciones propias asociadas al modelo de pago por uso. Así se puede facilitar el acceso a dichas soluciones de forma flexible, escalable y adecuada a las necesidades de cada cliente. “A través de esta estrategia podemos variar los costes operativos (OPEX) y liberar capacidad de inversión (CAPEX) sin renunciar a excelencia en el uso de tecnologías de la información”. Según él, este modelo aporta claros beneficios también para Tecnocom porque genera relaciones a medio y largo plazo con los cliente, mejorando la vinculación y el alineamiento con los objetivos de negocio de los mismos. “Es el camino adecuado para pasar de ser proveedor a socio tecnológico utilizando las tecnologías como parte activa del éxito de los clientes”.
Un aspecto muy importante que puede garantizar el éxito de la operación es que la cadena de valor desde los fabricantes hasta el proveedor del servicio final estén alineados con esta estrategia. La situación actual de carencia de crédito, que está ahogando a las empresas más pequeñas, también demanda un análisis más profundo de las operaciones de riesgo. En este sentido Tecnocom dispone de soluciones que permiten la detección temprana de morosidad o el control del fraude y que facilita a las entidades financieras la tarea de identificar un posible caso de mora o quebranto con antelación. “Esto permite tomar medidas preventivas antes para evitar posibles litigios, lo que redunda en un claro ahorro de costes”.
