Se estrecha el cerco a la piratería de software. La BSA, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas, ha informado de un progresivo incremento de las denuncias recibidas contra compañías españolas por tenencia y uso de software sin licencia del propietario. En 2017 se alcanzó la cifra record de 576 casos notificados a través del portal de denuncias de BSA, un 14% más con respecto al año anterior y prácticamente el doble de los reportes registrados en 2014, cuando la cifra de denuncias era de 315.
Las denuncias recibidas a lo largo del año pasado dieron lugar a 347 acciones legales, entre las que destacan los registros judiciales de las instalaciones de las empresas ordenados por Juzgados Mercantiles a partir de las evidencias ofrecidas en las denuncias. Esta cifra supone un incremento del 12% en el número de acciones realizadas contra supuestos infractores de la ley de Propiedad Intelectual respecto a 2016. El valor promedio del software sin licencia encontrado en dichos registros ascendió en 2017 a casi 200.000 euros de media por empresa y a cerca de 4.000 euros de promedio por cada ordenador.
“No sólo se recibe una mayor cantidad de denuncias, sino que además estas ofrecen cada vez más detalles e información concreta que facilita materializarlas en las correspondientes acciones legales contra las empresas infractoras”, afirma Carlos Pérez, socio del despacho Ecija, firma legal de BSA en España. Según BSA, el significativo aumento de denuncias en los últimos años está relacionado con una mayor concienciación entre directivos y empleados en relación con las prácticas ilegales en las empresas. Y es que un estudio reciente de la asociación desvelaba que el 80% de los trabajadores está dispuesto a informar de ilegalidades y conductas no éticas cometidas en su empresa; y un 76% cree que el uso de software sin licencia es una mala práctica o un delito, y que las empresas deberían afrontar las consecuencias legales que implica.
En este sentido, Pérez recuerda que “las empresas que disponen de software sin licencia en sus sistemas informáticos se exponen a riesgos legales y económicos muy graves que van desde indemnizaciones por daños y perjuicios a multas que pueden ascender a los 280.000 euros, la suspensión de actividad, y la inhabilitación para acceder a subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público. Además de las consecuencias penales para los empleados y directivos responsables y el efecto negativo sobre la reputación de la empresa”.
Los datos de la BSA muestran que la mayor parte de las investigaciones a empresas se inician como consecuencia de denuncias realizadas por exempleados (41%), seguidas de las efectuadas por otras empresas competidoras (38%) y de las denuncias anónimas de empleados actuales de las compañías supuestamente infractoras (21%).
Más de cuatro de cada diez programas informáticos (44%) instalados en equipos corporativos de empresas son ilegales, esto es, han sido instalados sin autorización del propietario de los derechos de autor del software o contraviniendo los términos del contrato de licencia. Este ratio sitúa a España muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 28%, y lejos de los países más avanzados en el uso del software como activo de negocio, como Estados Unidos o Canadá, donde el ratio de software sin licencia no llega al 20%.
