Buenas y malas noticias en el ámbito de la piratería de software en España. Lo primero, la buena: en su último informe, la BSA constata que el porcentaje de tiendas que venden programas de forma ilegal ha descendido a la mitad. En concreto, ahora sólo un 21% de los establecimientos, frente al 46% del último estudio realizado en 2007. La BSA cree que sus acciones de concienciación y las campañas lideradas por el Gobierno en torno a la iniciativa “100% legal. Todos ganamos” han ayudado a reducir esta lacra. También la crisis y la reestructuración que ha supuesto en los canales de venta han ayudado. Sin embargo, y ahí llegan las malas noticias, esta reducción del índice de comercialización de software pirata puede deberse a un cambio de escenario. Y es que la BSA cree que existe el riesgo de que la distribución de programas sin licencia se esté concentrando en Internet, pues los índices generales de piratería de programas en este país siguen siendo altos y rondan el 40%. “La bajada puede explicarse porque ahora la gente se descarga los programas de redes P2P o servidores FTP”, explica Txema Arnedo, miembro de BSA y responsable en Microsoft de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Arnedo además apunta a que hay una relación estrecha en España entre el índice de piratería y el de malware. Y es que gran parte de los agentes infecciosos entran en los ordenadores a través de las descargas de programas. Si antes la manera de evitar el pago de licencias era duplicar disquetes o CD, o volver a grabar el programa en el disco duro, ahora el escenario ha cambiado y todo ocurre en el ciberespacio.
BSA ha comprobado a través de su estudio, realizado con los informes hechos sobre 1.000 puntos de venta de todo el país por personal que se hacía pasar por un comprador corriente, que la piratería en el canal ha descendido en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura y Murcia. Han destacado especialmente regiones como Baleares, Cantabria, Navarra y Valencia, donde el índice ha rondado el 10%, mientras que, en el lado opuesto, han quedado Asturias, Extremadura y La Rioja, donde más de un tercio de los establecimientos incurren en fraude.
BSA también ha comprobado que el tamaño del establecimiento determina su propensión a vender software pirata. Y es que en los puntos de venta con más de 5 empleados, el porcentaje de software ilegal es el de 7,8%, mientras que en las pequeñas tiendas de 1 o 2 trabajadores sube al 27,5%. Otros datos inquietantes que desvela el estudio son que un 62% del canal que incurre en fraude ofrece los programas sin licencia como primera opción, y que un 31% de las pymes pide directamente software ilegal cuando llegan al comercio.
El objetivo de la BSA ahora es, en palabras de Luis Frutos, su presidente, sensibilizar al gestor de la pyme para que invierta en programas legales, advirtiéndole de los problemas añadidos que puede ocasionar un programa sin licencia, como inseguridad, fallos en los sistemas, etc. Asimismo, Frutos aprovechó la presentación del estudio a la prensa para calificar de “injustificable” y de “error” el hecho de que el organismo que representa no haya sido llamado por la comisión del Congreso de los Diputados que en estos momentos analiza la pertinencia de cambiar la Ley de Propiedad Intelectual vigente.
