En mayo de 2008 IDC realizó para la Business Software Alliance (BSA) un estudio sobre la piratería de software en el mundo. Según este análisis, el índice de piratería en España en 2007 fue del 43%, lo que ha supuesto unas pérdidas económicas de casi 660 millones de euros para el país, 30 millones menos en 2006. Aunque el dato parece alentador, puesto que se ha conseguido bajar el índice unos cuantos puntos frente al pasado ejercicio, España se encuentra todavía a 8 puntos de la media europea y a 5 de la mundial.
A la vista de ese 43%, BSA necesitaba saber cómo se repartía tal porcentaje entre las diferentes regiones y para ello encargó otro informe cuyos resultados se han desvelado ahora. El principal resultado obtenido al respecto es que existen “notables diferencias entre unas regiones y otras”, como reconoce Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA. Por ejemplo, Andalucía ocupa el primer puesto en el ranking, con un índice del 60%, lo que se traduce en unas pérdidas de 104 millones de euros. En el otro extremo de la tabla se encuentra Navarra, con tan sólo un 29% de programas ilegales. El caso de Madrid es significativo ya que, aunque se queda en el 34%, sus pérdidas alcanzan los cerca de 160 millones de euros. Todo es debido a que Madrid tiene una alta concentración de ventas de informática. Para el responsable, estos datos tienen una lectura: la Comunidad Autónoma que preside Esperanza Aguirre se tiene que poner las pilas y, como punta de lanza, dar ejemplo al resto de comunidades, “que se verán en la obligación de hacer políticas económicas más agresivas”.
Y es que, al amparo de las cifras, tan sólo cinco comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Euskadi) acaparan el 75% de las pérdidas derivadas de la piratería en todo el país.
Próximos pasos
Ante la situación descrita por el informe, el apoyo de la Administración resulta fundamental. Según Luis Frutos, los poderes públicos ya están tomando cartas en el asunto porque son conscientes de la importancia que tiene el software para el desarrollo de la empresa. Un ejemplo: el estudio presentado ha sido subvencionado por el Ministerio de Industria. Pero no es esta la única medida gubernamental, y, según el directivo, el Gobierno central ya trabaja en campañas tanto a nivel nacional como regional.
Por su parte, BSA tiene previsto reunirse con los diferentes Gobiernos autonómicos para apuntar las directrices de actuación a seguir. Este trabajo conjunto explica que desde la corporación se vislumbre un futuro positivo: “Todos remamos en la misma dirección y eso nos da cierto optimismo en el futuro”. Así las cosas, para los próximos tres años, la BSA pretende reducir en 10 puntos el índice de piratería en España (con lo que se podrían crear entre 2.000 y 4.000 empleos adicionales) y colocarse al mismo nivel de Europa. Para ello tratará de concienciar y sensibilizar a la empresa española de los beneficios de usar licencias legales y de que económicamente no merece la pena el software ilegal. No obstante, para llevar a buen término este plan, “necesitamos un canal profesional que ponga en el centro del negocio el software y un distribuidor que fidelice a sus clientes con software legal y servicios de valor añadido”, concluye Frutos.
