La noticia saltaba ayer a todos los medios de comunicación: la Agencia Tributaria ha desarticulado una trama de fraude del IVA en empresas informáticas y de telecomunicaciones que, según los cálculos, ha eludido el pago de cerca de 400 millones de euros desde 2003 a la Hacienda Pública. Se realizaron registros en ocho comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Canarias, Aragón, Cataluña, Valencia, Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco) y se ha detenido a 45 personas bajo la imputación de fraude fiscal, blanqueo de capitales y, posiblemente, falsedad documental. La operación, conocida como “Medina”, ha salpicado al fabricante nacional de PC Infinity System, que vio como sus oficinas de Guadalajara eran registradas por una veintena de agentes de aduanas, que se llevaron varios ordenadores, según trabajadores de la propia compañía. También ha trascendido que han sido embargadas un centenar de cuentas corrientes en 22 entidades financieras.
El proveedor alcarreño ha comunicado en una nota que ha aportado toda la documentación requerida por la Agencia Tributaria y que lo ha hecho a título informativo. Además, en el mismo comunicado se especifica que ningún representante legal de Infinity ha sido imputado o detenido en las actuaciones llevadas a cabo a instancias del fisco. Por último, los cerca de 500 trabajadores y colaboradores de la compañía castellano manchega siguen suministrando sus productos en todos los lugares en los que tiene presencia.
Esta operación contra el fraude se empezó a fraguar en la Agencia Tributaria en junio de 2005 y en febrero de este año las actuaciones se pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que ha sido quien ha impulsado definitivamente el operativo desarrollado en varias comunidades autónomas y las ha declarado secretas. Por otra parte, entre los detenidos se encuentra Bernabé Noya, propietario del grupo de telefonía aragonés Meflur, que junto con otras dos personas prestó declaración en un juzgado de Monzón (Huesca), donde tiene su sede la firma. También ha trascendido que el grupo Meflur había solicitado el pasado 15 de noviembre la declaración de concurso voluntario (la nueva forma de denominar a la suspensión de pagos) debido a los efectos de una querella presentada hace un año por presunto fraude fiscal de 60 millones de euros en la compra de móviles a proveedores de la UE, según los responsables de la compañía. Meflur fue fundado en 1996, cuenta con 800 empleados y es propietaria de las tiendas de telefonía Phoneland y mayorista a través de su filial Xtreme Tech, que facturó en 2005 más de 500 millones de euros.
Nuevas medidas para luchar contra el fraude
Con el objetivo de perseguir el fraude fiscal, hoy entran en vigor las disposiciones contempladas en la ley que el ejecutivo ha desarrollado durante los últimos meses. Con la misma se pretende dotar de cobertura legal los ámbitos en los que viene actuando la Inspección de Hacienda, así como un mayor control del sector inmobiliario, de las tramas de facturas falsas y del blanqueo de capitales. Concretamente, a partir de ahora las empresas están obligadas a valorar las compraventas entre sociedades del grupo a los precios del mercado. Además, las propias compañías deben probar y justificar sus importes (hasta el momento, era la Administración quien debía hacerlo), por lo que las firmas tendrán que elaborar y conservar la documentación sobre los precios de transferencia, que deberá estar a disposición de la inspección fiscal. Por último, también se ha introducido una disposición que ha generado polémica entre empresarios y expertos fiscales, pero que puede ser eficaz a la hora de denunciar prácticas fraudulentas: la referente a la responsabilidad subsidiaria que tendrán las compañías que se beneficien de las tramas del IVA.
