La situación provocada por la pandemia ha hecho que empresas y autónomos vean cómo el deterioro de la situación financiera ha mermado la capacidad de sus clientes para cumplir con las obligaciones de pago, repercutiendo no solo en la liquidez de las organizaciones, sino también en el empleo. Tanto es así que, según datos de un estudio a nivel europeo de la multinacional sueca Intrum, especialista en gestión de cobros, el 42% de las pymes españolas asegura que los retrasos en los pagos están detrás de los despidos en su plantilla.
“Es necesario que las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables tengan más peso en la gestión corporativa y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad como empresas. De ese modo, las organizaciones serán más conscientes de sus flujos de caja y podrán reaccionar ante la caída de la demanda, frenando el cierre de negocios”, apunta Alejandro Zurbano, director general de Intrum en España.
El descenso de la oferta por la pandemia de la Covid-19 y el hundimiento de la demanda están dando lugar a retrasos en los pagos que, junto a la caída de ingresos, derivan en el despido de trabajadores y el cierre de las empresas. Prueba de ello es que, entre marzo y agosto de este año, se han destruido 74.300 empresas en España, según datos de la Seguridad Social.
Esta situación, que propicia que la tasa de paro española, según el Instituto Nacional de Estadística, roce el 16%, sitúa a España entre los tres países europeos en los que los impagos a pymes están repercutiendo más negativamente en el empleo, al mismo nivel que Irlanda (42%). Por encima de ambas se encuentra Lituania, encabezando el ranking, pues un 44% de las encuestadas señala el retraso en los pagos como factor clave en los despidos de los empleados.
En el extremo opuesto de la tabla se sitúan las pequeñas y medianas empresas de Países Bajos y República Checa, donde apenas un 4% considera que los impagos implican un aumento de despidos en su negocio, seguidas de belgas (9%) y portuguesas (19%).
Índice de temas
En España no se cumple la ley
Y es que, a pesar de que la Directiva Europea de lucha contra la morosidad recomienda que los plazos de pago para las empresas no excedan los 60 días, la realidad es muy distinta. El tiempo que transcurre entre el plazo de pago acordado y su duración real es cada vez mayor, llegando a superar, de media, los 20 días en el caso español. Así, mientras que las compañías ofrecen a sus clientes y proveedores un plazo medio de pago de 44 días, estos no abonan las facturas hasta 65 días después, 5 más que el promedio europeo.
Esta ‘brecha de pago’ cada vez mayor entre las condiciones del pago y la duración del mismo es considerada un riesgo real para el crecimiento de la mitad de los negocios españoles (48%). Y las previsiones no son nada halagüeñas. Según las estimaciones del Banco de España, el volumen de impagos en el tejido empresarial podría aumentar una vez venza el plazo de carencia de los avales que sustentan a muchas pymes actualmente. A la falta de estas ayudas, que finalizan el 30 de septiembre, se suma el impacto directo que tienen los impagos en la liquidez de 6 de cada 10 encuestadas. Un hecho que no solo puede derivar en la destrucción de más puestos de trabajo, sino en el cierre de muchos negocios.
Para evitar llegar a esta situación y mantener las persianas abiertas, las industrias españolas están aceptando plazos de pago más largos. De hecho, en el último año, el 90% de las empresas españolas han aceptado plazos de pago superiores a aquellos con los que se sienten cómodas, al igual que las organizaciones alemanas o suizas.
Plazos de pago más largos por mantener la relación con los clientes
El Informe Europeo de Pagos de Intrum también ha querido analizar, en su quinta edición, las causas que llevan a los negocios europeos a conceder plazos de pago más largos a pesar de la inseguridad que genera esta medida. Según refleja este estudio, entre los factores que propician la aceptación de plazos superiores a los establecidos inicialmente, está la incertidumbre macroeconómica. De hecho, la mitad de las empresas españolas reconoce haber extendido sus condiciones de pago en el último año como consecuencia del declive económico, casi diez puntos porcentuales por encima del promedio europeo.
Sin embargo, si hay algo que llama aún más la atención, es la cantidad de encuestadas que aseguran haber aceptado plazos de pago más largos para evitar la quiebra en los últimos 12 meses. Concretamente el 44% de las empresas españolas están de acuerdo con esta afirmación, lo que sitúa a España entre los países donde más negocios dicen haber atravesado por esta situación para no caer en una suspensión de pagos; en línea con las grandes economías de Europa, como Alemania (45%) y Francia (44%).
No obstante, la principal razón que señalan las encuestadas para aceptar plazos de pago más largos es mantener una buena relación con sus clientes. Hasta ocho de cada 10 negocios españoles declaran que este es el motivo fundamental por el que acceden a recibir sus pagos más tarde, a pesar del descuadre que les produce en su flujo de caja.
