El 81% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra en el sector público y el peor en la gran empresa. Sin embargo, en ambos casos la tendencia de 2018 es a mejorar su comportamiento, mientras que tanto el segmento pymes como los autónomos registran un claro empeoramiento. Los datos forman parte de un estudio de Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School.
Sólo el 8% de las empresas que tiene relaciones comerciales con la Administración tiene que aceptar una extensión de los plazos de pago (en 2017 eran el 12%). En el otro extremo está la gran empresa, que impone plazos de pago al 51% de sus proveedores (2017, 53%). La capacidad de las pymes para imponer plazos de pago afecta al 46% de sus proveedores. El mayor empeoramiento, de cinco puntos, se registra en el segmento de autónomos, que imponen plazos de pago superiores a los que desean al 17% de las empresas (2017, 12%).
Según el estudio, sólo el 41% de las empresas trabaja con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El porcentaje de empresas que trabaja por encima de los 90 días se mantiene estable desde hace tres anualidades en el 14%.
¿Qué razones explican este retraso en pagos a los clientes? El retraso intencionado del cliente y la falta de disponibilidad de fondos, querer pagar y poder pagar son mencionados con idéntica intensidad (53%). Sin embargo, mientras la importancia del retraso intencionado se mantiene estable frente a 2017, la falta de disponibilidad de fondos, que había registrado una notable mejoría desde 2014, registra un ligero incremento frente al valor del pasado año (51%).
