La Administración ha gestionado de manera poco eficiente el uso de la factura electrónica en la relación que mantiene con sus proveedores. Falta de previsión o de recursos para imprimir realmente transparencia en el funcionamiento de las relaciones comerciales entre las administraciones públicas y sus proveedores, son algunos de los argumentos que se barajan. Sea por lo que sea, lo cierto es que algo que debería redundar en el beneficio de todos, de momento, en algunos casos trae más quebraderos de cabeza que otra cosa.
A pesar de que el pasado 15 de enero de 2015 se hacía efectiva la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para los proveedores de las administraciones públicas, lo cierto es que varios meses después sigue habiendo instituciones de carácter público que continúan sin recibir este tipo de documentos. Algunas administraciones, además, instan a los propios proveedores a que sean ellos quienes procedan a mecanizar la factura, accediendo a la web de la propia Administración. Y, finalmente, muchos proveedores están recibiendo devueltas sus facturas en papel con la notificación pertinente de que deben ser remitidas por vía electrónica.
Aunque los fallos se están subsanando poco a poco, y contamos con ejemplos de administraciones que han cumplido y, para ser justos, con nota, lo cierto es que los primeros meses tras la entrada en vigor del uso obligatorio de este tipo de facturación han sido más caóticos que tranquilos. Se confirman así una serie de deficiencias que antes sólo imaginábamos y que, desafortunadamente, muestran el modo poco eficiente en el que la Administración está poniendo en valor el uso de la factura electrónica en la relación comercial que mantiene con sus proveedores.
Hoy la pelota sigue estando en el tejado de las administraciones públicas pues, nosotros, como fabricantes de software (y hablo en términos generales, de sector e, incluso del propio mercado) hemos puesto al alcance de empresas y organismos públicos las soluciones tecnológicas necesarias para afrontar el cambio con garantías, con seguridad y con confianza, pues las herramientas están disponibles desde hace mucho tiempo, aunque se han tenido que hacer adaptaciones de campos que, en principio, no eran obligatorios pero que sí demandaban determinadas administraciones.
Nuestra labor se ha completado, y creo que sigo hablando en términos generales, con una importante tarea divulgativa, informativa y formativa. Sin embargo, la Administración, que es quien creó -acertadamente, dicho sea de paso- la obligatoriedad de utilizar la factura electrónica, es quien está poniendo los palos en las ruedas por su falta de previsión para abordar el cambio o por una mala planificación del proceso.
Sea por lo que sea, lo cierto es que a la espera de nuevos datos -que llegarán, seguro- el balance que podemos hacer hoy de la implantación y uso de la factura electrónica en las relaciones comerciales que mantienen empresas privadas y administraciones públicas, no es del todo positivo.
Caos generado por el incumplimiento de plazos, por la disparidad de puntos de entrada de las facturas a la administración, por las diferentes modalidades de entrega que se admiten o por las deficiencias en el retorno de las estados de tramitación (hay entidades que no devuelven información de estado o número de registro), son algunos ejemplos que ilustran lo que está sucediendo al respecto.
