Este miércoles, después de dos años de trabajo y la resolución de más de 2.500 enmiendas, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado las Directivas europeas que formarán la base para la legislación de Contratación Pública en sus estados miembros.
Estás nuevas directivas afectan al 19% del PIB anual de la UE (25.000 Millones de Euros), e impactan fuertemente en las formas de relación que han tenido hasta ahora los ciudadanos y las empresas con las Administraciones Públicas.
Una contratación más innovadora sencilla y con mayor control
Las directivas reflejan una manera de contratar más innovadora y respetuosa con las exigencias medioambientales y sociales, así como la potenciación de la colaboración público / privada. Además, para facilitarles a las pymes el acceso, se ha simplificado el proceso de licitación y se permiten también la presentación de ofertas a asociaciones temporales de empresas.
“No será el precio el criterio principal para la adjudicación de proyectos, sino se le da prioridad a la oferta económicamente más ventajosa, implicando de estar forma la eliminación del criterio único de precio como determinante, al incluir en la ecuación todo el ciclo de vida del proyecto y un análisis profundo de su viabilidad”, explican en un comunicado.
Las directivas europeas de contratación impulsan un mayor control de las empresas adjudicatarias en cuanto a requisitos de sostenibilidad, ecología y respeto al mercado de trabajo y a los convenios colectivos laborales y extiende este control a todos los niveles, incluyendo los subcontratados por la empresa adjudicataria.
El proceso de la Licitación y Contratación Pública será de forma puramente electrónica
Las directivas europeas de contratación pública imponen la obligatoriedad de ejecutar los procedimientosde forma electrónica. De esta forma, no sólo se conseguirá una mayor reducción de costes, sino también, gracias a transparencia de estos sistemas, un mayor control frente a la corrupción aportando transparencia.
Otra ventaja de la contratación electrónica es que facilita el acceso de cualquier empresa a la presentación de un concurso o licitación, independientemente de su tamaño y ubicación geográfica, dentro del ámbito de la Comunidad Europea.
Después de una fase de transición, todas las Administraciones Europeas deben de contratar de la misma manera, lo que significa la eliminación de fronteras para las empresas que se quieran presentar a proyectos en cualquiera de los países de la Comunidad Europea.
La implantación de la Contratación Pública Electrónica se hará en el plazo máximo de 30 meses desde la entrada en vigor de la legislación de cada uno de los países miembros.
