El crecimiento económico y la mejora de la productividad y competitividad pasan por la necesaria digitalización de la economía y, en este proceso, juegan un papel fundamental las infraestructuras de telecomunicaciones. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada Redes, Economía y Competitividad en la Ecuación Digital organizada por Redtelpara conmemorar su 5º aniversario. La jornada incluyó una mesa redonda moderada por el presidente ejecutivo de asociación, Miguel Canalejo, en la que participaron por primera vez juntos los máximos responsables de las empresas socias: Rosalía Portela, consejera delegada de ONO; Jean Marc Vignolles, consejero delegado de Orange en España; Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España y Francisco Román, presidente de Vodafone en nuestro país.
El carácter transversaldel sector con impacto en todos los campos productivos, el análisis de su situación actual, así como los retos de futuro y principales problemas para afrontarlos centraron la agenda del debate. Los primeros ejecutivos de los operadores con red coincidieron en la necesidad de asegurar las condiciones para que el ámbito de las telecomunicaciones se convierta en motor económico y contribuya a la salida de la crisis. Para ello, se debe realizar urgentemente un diagnóstico acertado sobre el impacto en la inversión en redes de las barreras administrativas y la presión fiscal, que no han dejado de crecer en los últimos años y son claramente desincentivadoras.
Según un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC), que Redtel dará a conocer próximamente, la mitad de los beneficios de los operadores en 2010 se destinó al pago de tributos en los tres niveles de la administración (nacional, autonómico y local). En la comparativa con países de nuestro entorno como Alemania, Italia o Reino Unido, las cargas fiscales son significativamente más reducidas, principalmente, por el menor peso de la tributación local.
Canalejo, por su parte, recordó que solo para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital Europea (velocidades de Internet por encima de los 30 Mbps para todo el territorio y para la mitad de la población española con suscripciones de 100 Mbps en 2020) serán necesarios desembolsos por valor de 23.000 millones de euros, que llevará a cabo el sector privado, “pero el papel de las diferentes administraciones es fundamental: unidad de mercado, reducción de cargas administrativas, fomento de la tramitación electrónica de servicios públicos, reducción de la presión fiscal, impulso de la demanda… son algunos de los frentes en los que se debe trabajar con urgencia”.
Además, el mercado enfrenta a estas importantes inversiones en un momento de coyuntura económica desfavorable, con caídas de la facturación y el gran reto del cambio de modelo de negocio tradicional. El desequilibrio entre ingresos e inversiones en el actual modelo de Internet fue identificado como uno de los principales obstáculos de futuro.
“La evolución actual del ecosistema de Internet apunta problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo, lo que rompería el equilibrio de la ecuación”, apuntó el presidente de Ericsson España, Ingemar Naeve. Durante su presentación Naeve, defendió la urgencia de “adaptar la regulación a la realidad del nuevo entorno competitivo”. En este sentido aludió a la necesidad de “equilibrar las cargas impositivas en el ecosistema de Internet en cuanto a productos y servicios con ingresos generados pero no reportados en España.”
Por su parte, el exdirector general de la Comisión Europea, Fabio Colasanti, que abrió la jornada, resaltó el carácter transversal de este sector y el papel clave de estas infraestructuras como dinamizadoras de la economía. Colasanti insistió también en el papel fundamental de los responsables políticos que “deben concentrar sus esfuerzos en tres ámbitos: reducir el coste del despliegue de redes de nueva generación, invertir dinero público donde el sector privado no llega y apoyar el desarrollo de servicios y aplicaciones públicos que aumenten la demanda”.
Durante la clausura del acto el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, dio respuesta a muchas de las demandas surgidas durante la jornada. Calvo-Sotelo se refirió al proyecto de la futura Ley General de Telecomunicaciones y recordó que “la posición del Gobierno tiene unas directrices claras: no perjudicar la inversión eficiente en las redes de nueva generación”. Asimismo, aludió a la necesidad de recuperar la unidad de mercado “debemos establecer nuevos mecanismos de coordinación con las administraciones territoriales para evitar que se aprueben normativas que dificulten el despliegue de las nuevas redes”.
“Una apuesta decidida a favor de la digitalización de la economía y el apoyo al correcto desarrollo del sector de las telecomunicaciones, con implicación real de todas las partes, son claves para resolver la Ecuación Digital y, como consecuencia, para encontrar la senda del crecimiento”, señaló Miguel Canalejo como conclusión al evento.
