Según Gonzalo Torralbo, secretario de las fundaciones medioambientales Tragamóvil, Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas, en España hay alrededor de 10.000 productores de equipos eléctricos y electrónicos y que apenas 3.000 de ellos están inscritos en el registro de productores. Este registro, de carácter obligatorio, es a través del cual las empresas declaran sus ventas y se comprometen a sufragar la recogida y reciclaje de sus productos al final de su vida útil. Torralbo hizo estas declaraciones en la Mesa Redonda “Retos y desafíos en materia de gestión de residuos electrónicos” con la que se cerró el Ecoencuentro 2011 organizado por dichas fundaciones en CosmoCaixa de Alcobendas (Madrid).
De la misma opinión es Augusto López de Sa, responsable de calidad del medioambiente y seguridad de los productos de Canon en Europa que indicó que “si bien la mayoría de los productos que se venden están declarados y se paga por ellos, al haber empresas que no cumplen la ley sufrimos una competencia desleal. Incluso hay empresas que están ganando concursos públicos sin estar en este registro, algo que podría controlarse fácilmente” añadió López de Sa.
En este mismo evento, Pedro Poveda, socio coordinador del Área de Medioambiente de Gómez-Acebo y Pombo Abogados, señaló que parte de esta situación podría solucionarse por la Administración Pública. A este respecto, propuso que las aduanas paralicen la entrada de los productos si el productor o importador no presenta la documentación que acredite que está dado de alta en ese registro de productores.
Frente a esto, Begoña Fabrellas, de la dirección General de Calidad y Evaluación Medioambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, reconoció que ese es un problema que ya se está intentando solucionar en la nueva directiva sobre residuos eléctricos y electrónicos en la Comisión Europea y se dará potestad a aduanas y a los ministerios de Hacienda para ejercer este control.
