La Justicia española ha declarado nula la orden del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el canon digital. Esta orden ministerial ahora suspendida establecía los soportes digitales sujetos al pago de la tasa por copia privada y la cuantía que debía pagarse por cada uno de ellos. Entre ellos están los teléfonos inteligentes, los discos duros multimedia, los reproductores MP3 o los DVD, pero no ordenadores o tabletas personales con disco.
El problema ha sido de procedimiento. En una resolución hecha pública, la Audiencia Nacional ha justificado su decisión argumentando que, para la aprobación de esta orden gubernamental, el Ejecutivo español debería haber tramitado determinados requisitos “esenciales” e “inexcusables” que no se llevaron a cabo.
El Tribunal considera que al tratarse de un reglamento y no de una orden ministerial requería determinados trámites relativos a memoria justificativa y económica y dictamen del Consejo de Estado. Por lo que está afectada de “vicio radical”.
No obstante, la Justicia española rechaza “por falta de competencia” la pretensión de los recurrentes, entre ellos la Asociación de Internautas y la empresa Motorola, de que se devuelva lo recaudado por el canon.
La resolución de hoy llega en un momento en el que el Gobierno español estudia una reforma de la regulación del canon digital con el objetivo de tener lista esta revisión en el plazo de tres meses.
Desde su aprobación en 2008, el canon digital ha suscitado una agria polémica donde, a un lado, se han puesto los autores y las entidades de gestión de derechos, y, al otro, los internautas y los fabricantes de los dispositivos y soportes que guardan la información. En líneas generales, el sector informático, dependiente de la comercialización de estos sistemas, ha criticado el canon. En esa crítica se ha significado sobre todo Jesús Banegas, presidente de Ametic, la principal patronal de esta industria.
