El plazo para llegar a un acuerdo sobre los precios del canon que tendrán que pagar los usuarios de soportes digitales llega a su fin el próximo día 25. Según fijaba la reformada Ley de Propiedad Intelectual (LPI), el pasado mes de agosto se iniciaron las conversaciones entre las patronales y las entidades de gestión para llegar a un acuerdo sobre este asunto que, tal y como van las cosas, parece que se hará de rogar. En el caso de que este pacto sobre las tarifas no se alcance, el Ministerio de Industria y el de Cultura tienen el mandato legal de fijar las tarifas, cosa que podría suceder en el mes de marzo del año próximo.
Ya en su momento Asimelec, la patronal más activa en la defensa de los fabricantes de dispositivos y soportes, veía positivo que en la ley se especificara que el pago del canon debe realizarlo la persona física, lo cual excluye a las empresas, que son personas jurídicas. Asimismo, la asociación empresarial no ve con malos ojos la intervención final de los ministerios para fijar productos o tarifas y el criterio de proporcionalidad con respecto al precio. Esta última potestad es fundamental, pues hasta ahora el precio final de un CD o DVD incorpora un canon fijo y no se calcula como un porcentaje del precio, lo que ha llevado a una situación surrealista. Y es que ahora mismo se paga un canon de 17 céntimos de euro por un CD que ronda los 30 céntimos, mientras que para un DVD cuyo precio final no sobrepasa un euro, la tasa se eleva a los 60 céntimos.
Sin embargo, la asociación criticaba otras aspectos igualmente relevantes y que pueden ser aprovechados por las entidades de gestión para extender el gravamen y su cuantía. Así, se ha quejado de que en el texto de la nueva ley no se haya eliminado el criterio de “idoneidad”, por el que cualquier aparato puede ser tasado. Asimismo, desde Asimelec han señalado que en el trámite parlamentario se perdió el matiz del uso preferente, que es aquel que preveía que la compensación por copia privada sólo se aplicase en aquellos dispositivos pensados para grabar, y no para aquellos que, circunstancialmente, pueden hacerlo (como los móviles). Además, los responsables de la asociación han señalado que las entidades gestoras no sólo quieren cobrar esta tasa, sino incrementarla en función de la capacidad de almacenamiento del dispositivo. Por otra parte, Asimelec considera que el canon es un abuso que está fuera de lugar toda vez que ya existen tecnologías en el mercado que impiden la copia de determinadas obras. Es el caso de los sistemas DRM (digital rights management) que incorporan algunos CD y DVD o las tecnologías TPM para impedir las copias de los soportes.
La legalización del controvertido canon se produjo el pasado mes de junio, cuando se aprobó definitivamente la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su articulado recoge este extremo. Antes de todo esto, el hecho de gravar los soportes de almacenamiento digitales produjo una enorme polémica, a raíz de la cual nacieron plataformas como Todoscontraelcanon. Esta asociación llegó a presentar 250.000 firmas en el Congreso de los Diputados en contra del proyecto de LPI, que finalmente no tuvieron el efecto deseado. Desde el principio, los representantes en la negociación de los fabricantes (AETIC y Asimelec) han visto con escepticismo que las conversaciones llegasen a buen término.
Sin embargo, el canon ya está presente en el mercado español desde el año 2003, cuando las entidades de gestión de derechos de autor y las patronales del sector tecnológico llegaron a un acuerdo para gravar los CD y DVD. Este hecho tuvo como consecuencia que muchos fabricantes nacionales de soportes tuviesen que echar el cierre debido a que los compradores optaban por soportes menos caros (fundamentalmente de importadores asiáticos que se saltaban el acuerdo y no pagan la compensación). De hecho, la bolsa de fraude que ha generado la implantación de esta tasa llega al 60% del negocio, según una información publicada por el diario Expansión.
