Los cambios en los procesos de facturación y gestión de las empresas, propiciados por la llamada “Ley antifraude” y la Ley Crea y Crece, que establece la obligatoriedad de adoptar la factura electrónica por parte de todo el tejido empresarial español en el medio plazo, son uno de los temas más cadentes del sector tecnológico en estos momentos. Y es que, en realidad, supondrá cambiar los procesos y finalmente digitalizar en España a más de tres millones de compañías de todos los tamaños, autónomos incluidos. Y eso es una oportunidad histórica de negocio para los fabricantes de soluciones de gestión, pero también para el canal de distribución, que tendrá que guiar a las compañías durante esta transición.
De hecho, una reciente encuesta asegura que más de dos tercios de las pymes españolas considera que la facturación electrónica será un paso importante en su proceso de digitalización. Y también supondrá un recorte de gastos y un ahorro de tiempo. Pero, la falta de concreción sobre la e-factura, que todavía está a la espera de un reglamento técnico definitivo, provoca que casi la mitad de los responsables financieros desconozca cómo va a afectar a su negocio. La situación se complica porque antes se harán realidad las obligaciones de la “Ley antifraude”. Así, los proveedores de software tienen hasta finales de año para adaptar sus programas de gestión a esta norma, que busca acabar con las contabilidades paralelas en las empresas. Y, a partir de ahí, sus clientes tendrán hasta el verano siguiente, concretamente hasta el 1 de julio 2025, para adaptar sus sistemas a este texto legal.
Para hablar de estos retos que impone la legislación en materia de facturación y gestión, pero también de las oportunidades que estos cambios van a proporcionar a los partners de tecnología, CHANNEL PARTNER organizó un encuentro digital que fue ampliamente seguido, y que dio lugar a múltiples preguntas por parte de la audiencia, una prueba de que estamos ante un tema muy caliente. En la sesión, que fue patrocinada por Adiss, Sage y Wolters Kluwer, los expertos también pasaron buena parte del tiempo intentando dejar claras las diferencias entre la Ley Crea y Crece y la “Ley antifraude”, que tienden a confundirse.
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Baja implantación de la factura electrónica hasta el momento
Al comienzo del debate, los intervinientes coincidieron en señalar que hoy la implantación de la factura electrónica no es significativa en este país. Víctor Pérez, CEO de Adiss, confirmó que si las pymes no tienen que relacionarse con el sector público, donde la e-factura es obligatoria, su interés por este formato es “bajo o muy bajo”. Francesc Núñez, ERP product manager de Wolters Kluwer, estuvo de acuerdo con Víctor Pérez, aunque sí dijo que en los últimos años el uso de la factura electrónica ha despegado.
“Las asesorías fiscales tendrán un papel protagonista como divulgadores de esta obligación de cumplimiento normativo”, dijo Víctor Pérez, de Adiss
Ronald Lozano, engineering legal manager de Sage, aclaró que factura electrónica no es hacer un PDF, aunque muchas empresas así lo entiendan. Y por eso muchos números que se dan en España sobre la e-factura “están distorsionados”. Y recalcó que una factura electrónica debe estar en un formato estructurado y válido, según se establezca en el reglamento pendiente de aprobación. Por su parte, Andreu Bru, director del departamento de tecnología e innovación de la patronal catalana Pimec, aprovechó para tranquilizar a todos los gestores que estos días están preocupados por estos cambios legales. Dijo que la complejidad la tienen los proveedores de tecnología, que tendrán que adaptar sus programas. “Las pymes van a seguir haciendo lo que hacen, pero con un formato de factura diferente”. E insistió en que las dos leyes serán “un impulso importante en la digitalización de pymes y autónomos”.
Las patronales piden un único punto de entrada de información
Vicente Alciturri, vicepresidente la patronal tecnológica Conetic, se quejó porque ahora a las pymes se les va a exigir “mucho más que a las grandes empresas”. Y, en referencia al reporte que exige la “Ley antifraude”, señaló: “Si las empresas tienen cuatro días entre la facturación y el reporte fiscal al SII, con VeriFactu se pretende que, voluntariamente, las empresas comuniquen antes la información fiscal que la factura electrónica, y, además, usando dos sistemas diferentes”. “Es demoledor lo que se nos está proponiendo”, insistió. Además, pidió, como se hace en otros países europeos, la supresión de los reportes fiscales trimestrales porque Hacienda tendrá la información de facturación al momento. Y que la entrega y recogida de facturas en general se unifique en un solo lugar o plataforma, como pasa en Italia.
Andreu Bru, de Pimec, coincidió con Alciturri en que “no tiene sentido que en España haya 40 puntos de entrada de información”. Y medio en broma señaló también que el gran perjudicado con estos cambios legales va a ser Microsoft. “¿Cuántos cientos de miles de autónomos en España hacen las facturas con Excel? Pues a partir de ahora Excel no va a ser un sistema de facturación verificable”. Por su parte, Xavier Pellicer, director de negocio del área de business process automation de Abast, intentó transmitir tranquilidad e insistió en la idea de que serán los proveedores y partners de tecnología los que tendrán que guiar a las pymes y al resto de compañías en esta transición.
La ‘Ley antifraude’ es cosa de los proveedores de software
Uno de los objetivos del debate era dejar claro las diferencias entre la “Ley antifraude” y la Ley Crea y Crece, que convierte a la factura electrónica en una obligación. En un primer bloque se abordaron varios aspectos de la “Ley Antifraude”, que ya tiene su reglamento aprobado, aunque falta la orden ministerial que detallará del todo cómo será el software que ayudará a los clientes a cumplir con esta ley. Francesc Núñez, de Wolters Kluwer, aclaró que aquí el trabajo lo tienen que hacer los proveedores de software. “Esto es cosa de los fabricantes”.
“El partner más tradicional tiene una oportunidad de llegar a los autónomos, que tienen una gran necesidad de ayuda en la adaptación a estas leyes”, aseguró Francesc Núñez, de Wolters Kluwer
“Esta normativa obliga a que cada factura sea guardada antes de emitirse de una forma que después no se puede tocar en la máquina del cliente. Y que, además, se puede remitir, de forma voluntaria, a Hacienda en tiempo real. Aquí toda la complejidad la asumirá el proveedor de software, y no el cliente”, insistió Núñez. Por su parte, Ronald Lozano, de Sage, aseguró que la gran novedad para los clientes es que con la “Ley antifraude” cambian algunos procesos administrativos. Así, el reporte de la factura a Hacienda se adelanta al momento en que se crea la factura, y luego no se pueden hacer modificaciones. Y, por otro lado, las compañías tendrán que llevar un control de cobros y pagos, algo que en muchas pymes se suele descuidar. “El resto de aspectos que tienen que ver la normativa que viene, tanto de la misma ‘Ley antifraude’ como de la factura electrónica, es cosa a los desarrolladores de software”.
La llegada de la factura electrónica
En el segundo bloque de discusión, los expertos reunidos por CHANNEL PARTNER abordaron el momento actual del desarrollo normativo alrededor de la factura electrónica y sus implicaciones para las empresas en el medio plazo. Como recordó Víctor Pérez, CEO de Adiss, la nueva normativa tiene su origen en la Ley Crea y Crece, de 2022, que se desarrolló para fomentar la digitalización, la creación de empresas y, sobre todo, para luchar contra la morosidad. “Una vez que se apruebe el reglamento técnico se implantará entre empresas de más de ocho millones de euros en el plazo de un año, mientras que las pymes con un volumen inferior estarán obligadas a adoptarlo en un plazo de dos años a partir de esa fecha”. En este nuevo contexto, las empresas emitirán y recibirán sus facturas en formato electrónico, aunque aún queda por definir cuál será el formato y la plataforma que permitirá conocer el estado de cobro y pago de cada factura.
Xavier Pellicer, de Abast, incidió en este punto y puntualizó que esta ley solo afecta a empresas nacionales y que su aprobación tampoco eximirá de seguir utilizando los portales FACe, que es el punto de entrada de facturas electrónicas de la administración general del Estado, ni de seguir informando en el SII (Suministro Inmediato de Información del IVA). “En el periodo de transición, esos 24 meses, convivirán el formato PDF y XML para permitir que las empresas puedan ir adaptándose poco a poco”. En todo caso, insistió en que “la complejidad técnica es una problemática que se trasladará y solo afectará al partner o al integrador”.
Por su parte Ronald Lozano, de Sage, aseguró que el hecho de que sean las grandes empresas las primeras en asumir el nuevo modelo de facturación electrónica es positivo porque estas compañías ya están consignadas en el SII: “Esto permitirá a las pymes tener un poco más de tiempo para adaptarse e incluso para desarrollar sinergias con algunas grandes”.
En la misma línea de argumentación se expresó Francesc Núñez, de Wolters Kluwer, quien, además, resaltó que debe quedar claro que, si bien la “Ley antifraude” afecta a todos, la Ley Crea y Crece afecta solo a las transacciones económicas entre empresas del territorio nacional, pero no a los usuarios finales. “Los pequeños comerciantes que emitan facturas simplificadas no estarán obligados a facturar electrónicamente”. Esto significa que las pymes pueden tener mayor flexibilidad de adaptación porque el calendario “se puede esponjar”. Andreu Bru, de Pimec, también insistió en que el principal objetivo de la Ley Crea y Crece tiene que ver con la reducción de la morosidad, una lacra para la economía española. “El gran objetivo de la ley es eliminar el impago en empresas que tardan en pagar 300 días”.
“Habrá una enorme oportunidad de digitalización de las empresas asociadas a la aprobación de ambas leyes, un negocio que deben aprovechar los partners”, insistió Ronald Lozano, de Sage
Vicente Alciturri, de Conetic, quiso alertar sobre los riesgos que está suponiendo adoptar decisiones equivocadas por parte de la Administración española. “Esto no es un problema que solo afecte a fabricantes, y debería estar resuelto antes de que Europa obligue a todos los Estados a facturar electrónicamente en 2028 en dos formatos concretos, lo contrario de lo que tratamos de hacer en España”. El representante de Conetic también aseguró que el modelo de implantación a imitar es el italiano, gracias al cual las empresas de ese país han podido cosechar unos ahorros de 4.000 millones de euros, una cifra, en su opinión, “muy significativa”.
Para Alciturri el proceso de adaptación que está siguiendo la Administración española está dando lugar a incongruencias como que el País Vasco pueda ser considerado territorio extranjero. “El despropósito es absoluto y esto es difícil de digerir por parte del sector tecnológico y del usuario final”. Por esta razón, Conetic ha solicitado un único punto de entrega de facturas en una plataforma única y gratuita, y la supresión del sistema VeriFactu y del SII.
Oportunidad de oro para el canal de distribución
Según comentó Víctor Pérez, de Adiss, los fabricantes de software pueden contribuir a reducir la incertidumbre que rodea todo este proceso y, sobre todo, trasladar a los partners la tarea de ayudar a las empresas en esta tarea. “Las asesorías fiscales tendrán un papel protagonista como divulgadores de esta obligación de cumplimiento normativo, ayudando a prescribir e implantar el software que ayude a las empresas a abordar esta adaptación”.
El asesoramiento tecnológico y de negocio y los servicios asociados serán parte de las prestaciones que los partners podrán ofrecer a sus clientes”, como aseguró Ronald Lozano, de Sage. “Habrá una enorme oportunidad de digitalización de las empresas asociadas a la aprobación de ambas leyes, un negocio que deben aprovechar los partners”, insistió Lozano.
En los mismos términos se manifestó Francesc Núñez, de Wolters Kluwer, quien también mencionó a los autónomos como oportunidad de negocio para el canal. “El partner más tradicional tiene una oportunidad de llegar a una categoría de empresas, los autónomos, que tienen una gran necesidad de ayuda en la adaptación a estas leyes”. También las asesorías y despachos profesionales cumplirán, en su opinión, un papel primordial en la tarea de prescripción a la pyme. En un ejercicio de reflexión sobre el papel de los integradores, Xavier Pellicer, de Abast, aseguró que empresas como la suya serán claves para resolver toda la problemática de facturar electrónicamente. “Los partners están trabajando para que el proceso sea completamente transparente y para que la pyme pueda abordar este cambio con tranquilidad”.
