Durante muchos años, el canon digital ha levantado ampollas y creado tensión entre el sector tecnológico y la industria cultural. El canon actual está vigente desde agosto de 2017 y se aplica en la compra de ordenadores, teléfonos o discos duros, entre otras tecnologías, con el fin de compensar a los autores por la posibilidad que tienen estos dispositivos de reproducir o grabar contenido que está protegido por la Ley de Propiedadad Intelectual. En realidad, lo pagan los fabricantes españoles y los distribuidores que importan productos en España, aunque en general es repercutido por estos al usuario final vía PVP. En este sentido, el canon digital es un sobrecoste.
Ahora, el sector tecnológico vuelve a la carga contra la gestión de esta tasa. Y lo hace en torno a la Asociación de Afectados por el Canon Digital (Asacadi), creada hace unos meses y en la que se integran mayoristas como Megasur, Ticnova, DMI y Supercomp. Las compañías representadas aseguran que “se sienten gravemente perjudicadas por la gestión del denominado ‘canon digital’ o ‘compensación equitativa’ que realiza Ventanilla Única Digital (VUD), ente privado que representa a las distintas asociaciones de autores, editores, productores, artistas, e intérpretes o ejecutantes, creado por ellas mismas al amparo de la actual ley”.
Mayor control de la Ventanilla Única Digital (VUD)
Asacadi denuncia que la regulación sobre la materia tiene “importantes defectos técnicos y vacíos legislativos que impiden un efectivo control administrativo y judicial de Ventanilla Única Digital (VUD), permitiendo que ésta actúe en claro favor de sus representados, a costa de ocasionar un grave perjuicio económico a las empresas legalmente obligadas a recaudar el canon”. Y es que, en opinión de esta asociación, el actual sistema legal “convierte a una de las partes concernidas por la recaudación, gestión y adjudicación del canon digital en juez de todo el proceso, pues es VUD el organismo que recibe, liquida y reparte entre sus representados todo el canon recaudado por los empresarios, y decide si existen cantidades que hayan de devolverse a éstos por estar legalmente exceptuados de su pago o por tener derecho al reembolso de todo o parte de lo ingresado, pero todo ello se verifica sin control o vigilancia efectiva por parte del Ministerio“.
Según una nota de Asacadi, “los breves procedimientos previstos en la ley para la devolución de la compensación equitativa a los empresarios se eternizan porque VUD no los resuelve, con claro incumplimiento de los plazos merced a auditorías inacabables, o se complican hasta lo inconcebible por cargar injustamente éstas con la prueba del cumplimiento de la obligación de todos sus responsables solidarios (una verdadera prueba diabólica)”. “En el caso del reembolso”, continúa una nota de Asacadi, “ni siquiera existe un plazo legal previsto”. Esta asociación empresarial mantiene que muchos millones de euros se encuentran “indefinidamente depositados en las arcas de VUD y no revierten a los empresarios con derecho a obtener la devolución o reembolso”. De ahí que reclamar tales cantidades por todos los medios legales e impedir que sean adquiridas injustamente por las asociaciones representadas por VUD es otro de los principales fines de la asociación.
Asacadi busca, en definitiva, sensibilizar a la opinión pública y comprometer a las asociaciones de empresarios, a las fuerzas políticas y a las Administraciones competentes para modificar la actual regulación, “derogando las prebendas del ente privado Ventanilla Única Digital”. Y por eso pide que el control de todo el proceso de recaudación, así como la gestión y liquidación del canon digital pase a manos de “funcionarios públicos independientes”, o que se cree “un protocolo administrativo telemático y objetivo” en el que las dos partes ostenten iguales oportunidades de acceso e información, “que dote de total transparencia y eficacia al sistema de recaudación del canon digital”.
