En el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre se aprobó el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado. Con esta medida se suprime el denominado canon digital y a cambio se destinarán cinco millones de las cuentas del Estado para “indemnizar” a los creadores por las copias particulares realizadas en 2012 -frente a los 115 millones que aportaba el anterior sistema recaudatorio-.
Es decir, ahora ya no soportarán las cargas los que adquieran dispositivos electrónicos que permitan duplicar contenidos sujetos a la propiedad intelectual, pagaremos todos por igual. Todavía se desconoce cómo se repartirá ese montante entre las ocho entidades de gestión, que se determinará por orden ministerial. No obstante, el Reglamento indica que la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido, sobre una serie de estadísticas (Encuesta Industrial de la Producción, la Encuesta de Presupuestos Familiares o el dato de consumo cultural en los hogares) y tomando como base la estimación de perjuicio causado por este concepto según una lista de criterios objetivos: el número de copias realizadas, el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, precio medio y vigencia de los derechos de propiedad intelectual, daño mínimo, aplicación de medidas tecnológicas y el diferente impacto de la vigencia del límite según el carácter digital o analógico de las reproducciones. Además, se impone que las entidades deberán dedicar un 40% del importe de la prestación a la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.
Las reacciones no se han hecho esperar. Las entidades de gestión de derechos de autor han denunciado al Gobierno ante la UE por considerar la propuesta de insuficiente e inadecuada para los titulares de derecho. Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea, que ejerce de portavoz de Agedi, AIE, Cedro y SGAE sobre el canon digital, manifestó a Efe que el decreto era una anomalía en la UE, a excepción de Noruega, que iba contra la legislación europea, calificando la cuantía compensatoria como “humillante”. En sus declaraciones también asegura que se trata de una medida peligrosa, inmoral e injusta que va a colocar a la creación española en una situación muy difícil. “El Gobierno está legislando contra la cultura en su conjunto y los creadores en particular al reducir de una manera drástica no la compensación que reciben las entidades, sino las posibilidades de los autores”, insistió el directivo, para quien el Ejecutivo “desprecia al sector cultural, que se encuentra en una situación de amenaza y desprotección”.
Por su parte, la Asociación de Internautas estudia impugnar el nuevo canon. Según Víctor Domingo, presidente de la asociación, “no tiene sentido que ahora se castigue al contribuyente, que todo el mundo pague, hagan o no copia privada”.
