Antono Vitorino, el mediador europeo, designado por la Comisión Europea, recomienda trasladar el pago de la compensación de los importadores y fabricantes a los distribuidores y minoristas obligando a los fabricantes e importadores a informar a las entidades de gestión sobre los materiales distribuidos, o bien mantener el pago por fabricantes e importadores con un sistema de exención para las personas jurídicas que manifiestamente no hagan copias privadas.
En este sentido, las entidades de gestión de derechos de autor manifiestan que el informe del Mediador les da totalmente la razón y que el actual sistema español, que condiciona la compensación a una partida presupuestaria previamente establecida y abonada por el Estado, resulta contrario a la directiva europea y no se ajusta a las recomendaciones de Antonio Vitorino.
Según dichas entidades, “España se queda fuera de Europa en la protección de los derechos de sus creadores, al haber apostado por un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el peor momento de crisis económica de nuestro país”. Este sistema, según ellos, es indiscriminado y alejado de la Directiva y de los países de nuestro entorno. “El estado no puede repercutir el canon a los consumidores y no puede discriminar entre personas físicas y jurídicas, por lo que el sistema establecido por el Gobierno se aleja de los objetivos, finalidad de la Directiva y de los fundamentos de las resoluciones del tribunal de justicia de la Unión Europea”.
Todas las entidades de gestión solicitan al Gobierno español que atienda las recomendaciones del Mediador europeo sobre copia privada y abandone el sistema actual que no remunera ni equitativamente ni en función del daño a los titulares de derechos.