El 15 de enero de 2015 es el límite para que las empresas españolas tengan sus sistemas preparados para poder facturar electrónicamente con las Administraciones Públicas. Esta ley también exigirá a determinados sectores estratégicos (banca, utilities, viajes, seguros, etc.) a emitir las facturas en formato electrónico para sus clientes.
En España, aquellas empresas que no adopten el proceso de eFactura no podrán cobrar de las AAPP y las empresas estratégicas podrán ser sancionadas hasta con 10.000 euros. Pero además, la eFactura no es solo un requisito legal, sino un “cambio de paradigma”, en palabras de Alberto Redondo, director de Marketing de Seres y presidente de la Comisión de Factura Electrónica de Ametic. “Nos encontramos con empresas que no conocen que este cambio se va a producir de una forma inminente y tampoco se han planteado abordar el proyecto”, apunta Redondo. De ahí la importancia de este congreso que quiere servir de termómetro del nivel de implantación de la eFactura en el tejido empresarial español. El congreso se celebrará bajo el lema ‘No te quedes sólo en la obligatoriedad, dale valor a tu factura‘.
Al margen de la obligatoriedad, la eFactura abre ventajas a las compañías, que cuentan con la posibilidad de recurrir a un operador de factura electrónica, con las que disfrutar de todas las ventajas. Este es el punto de vista de Raquel Yuste, gerente responsable de la oferta de Soluciones de Factura Electrónica de Indra quien observa que “es importante no solo adentrarse en la obligatoriedad sino en las ventajas y cómo lo tienen que abordar las compañías. En muchos casos, conviene ir de la mano de alguien que tenga experiencia en estos proyectos.
Sergio Sellers, responsable del servicio eFactura de Telefónica, incide en el beneficio que supone para la empresa en términos de ahorro de costes, “sólo para el emisor una factura supone un ahorro de costes de 0,70 céntimos”. Según comenta, “las empresas tienen mucha inquietud y el plazo les asusta, el operador de eFactura puede ayudarles a unir el mapa disperso al que se enfrentan para comunicarse con las diferentes administraciones públicas tanto generales, autonómicas como locales”.
