GTA San Andreas es el nombre del videojuego que está cosechando más éxito en el mercado, con 39 millones de copias vendidas en todo el mundo (500.000 unidades en España, en sólo dos meses), y eso que solo está en el mercado desde el 29 de octubre. Se trata de un juego en el que el objetivo principal es que la banda que la familia del protagonista lideraba vuelva a ser respetada, para lo que la acción se tiñe de violencia mediante la mezcla de acción, estrategia y gestión de recursos. Lo llamativo de este juego radica en que se puede optar al control desde un punto de vista en tercera persona, que permite ver al protagonista desde atrás.
Sin embargo, este éxito ha traído consigo una gran polémica y las acusaciones de sexismo y violencia le llegan de todas partes. Según publica hoy el diario El País, el Instituto de la Mujer, Amnistía Internacional e incluso el Sindicato de Periodistas de Cataluña, que pide la retirada de este juego porque en él se mata a periodistas, alzan la voz en contra de este producto. Sobre este asunto también ha terciado el presidente de Adese, la patronal que reúne a los principales editores de videojuegos. Durante la presentación de un estudio sobre hábitos de los jugadores en España, Alberto González Lorca señaló que los recientes ataques a algunos productos tienen “muy poco rigor” y atentan contra el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, pidió que los fabricantes de videojuegos sean tratados de igual manera que otros creadores, como por ejemplo los productores de cine o televisión. Además, destacó el hecho de que su industria es “la única con un código de autorregulación establecido por voluntad propia”. González Lorca se refirió al Código PEGI (siglas en inglés de Información Paneuropea sobre Juegos) como un sistema férreo y riguroso que califica los contenidos de la totalidad de videojuegos, haciendo fácilmente comprensible a los usuarios qué contenidos incluye cada creación y a qué público va dirigida. El máximo dirigente de Adese pidió finalmente apoyo el apoyo por parte de las autoridades a una industria que en este país emplea a unas 3.000 personas.
