La BSA, patronal del sector cuyo primer objetivo es reducir la piratería de programas informáticos, ha reunido en Madrid a Txema Arnedo, director de desarrollo de Propiedad Intelectual de Microsoft, y a dos expertos en materia jurídica, como son José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo, y Javier Rivas, abogado de Landwell-PWC, para hablar de la piratería y de los problemas con los que se encuentra el poder judicial para combatirla. En la tertulia también estuvo presente Luis Frutos, presidente de BSA.
Precisamente, el máximo representante de la organización ha indicado que la piratería está afectando a todo el tejido empresarial de España y que la política de actuación contra la venta ilegal de programas de BSA es distinta a la de la SGAE. Frutos no es partidario del canon digital y considera que esta tasa “está perjudicando al sector”. Asimismo ha destacado que “AETIC está llevando a cabo una labor importante contra la medida de la SGAE”.
José Maza ha comenzado su intervención aludiendo a los principales problemas para los jueces: la falta de delitos tipificados y la dificultad de investigación de los actos ilegales cometidos a través de las nuevas tecnologías. Según el magistrado, sólo en el artículo 270 del Código Penal se comenta algo de este tipo de infracciones, aunque “este tipo de delito está confusamente descrito”. Maza ha aprovechado la ocasión para señalar que “hay un vació legal enorme en todo lo que se refiere a las nuevas tecnologías”. Además, el juez ha destacado la carencia de medios en torno a este tema.
Por su parte, el abogado Javier Rivas ha manifestado que el uso de software ilegal puede causar un impacto negativo en la reputación de las empresas. “Algunas compañías tienen como objetivos corporativos la protección de datos, del medio ambiente y de la Propiedad Intelectual y, a pesar de ello, muchas no cuidan correctamente estos aspectos”, ha señalado.
Txema Arnedo, en representación de Microsoft, ha empezado explicando los primeros pasos que llevó la compañía a cabo para combatir el uso de programas ilícitos. “En un primer momento se llevaban a cabo acciones civiles, pero el impacto de las penas era mínimo, por lo que se decidió dar un paso más y emprender acciones por la vía criminal”. Sin embargo, Arnedo ha señalado que la huelga del poder judicial ha creado un retraso a la hora de promulgar sentencias, hecho que ha frenado el proceso de sensibilización que tiene la sociedad española en torno a estos temas.
Cabe destacar que España tiene un índice de piratería del 43%, más del doble que Estados Unidos y muy por encima de los países europeos más avanzados. Precisamente, Estados Unidos dispone de un organismo que vela por la protección de los derechos de autor. Éste elabora un informe anual que clasifica a los países por su nivel de protección. Según ese informe, España se encuentra en una lista de estados que deben estar bajo vigilancia.
