Según los datos proporcionados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), una vez cerrados los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al año 2011, por lo que se refiere al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), “se rebela un dato esperanzador y que demuestra todavía la esperanza de cientos de miles de españoles en las posibilidades del trabajo autónomo”. En total 546.782 trabajadores decidieron constituirse como autónomo en este periodo, frente a los 489.669 del año 2010 y los 459.562 del año 2009. Estos datos significan que se ha aumentado la afiliación al sistema en más de un 11% con respecto al año anterior y casi un 12% con respecto al año 2009.
Sin embargo, este dato positivo “no puede compensar la fuerte caída y cierres generalizados de otras actividades”. En 2011 las bajas en el RETA fueron de 579.762, con lo que la pérdida neta de emprendedores fue en este año superior a los 30.000, aunque este descenso es algo inferior a 2010, año en el que se produjo la baja de 489.669 autónomos.
“Las cifras demuestran que en el caso de que durante el año 2012 se consiguiera frenar la sangría de cierres de actividades económicas, en especial en el comercio y la construcción, este año podría ya aportar datos positivos, si el crecimiento se mantiene”, alertan desde UPTA. También es importante resaltar que esta movilidad está permitiendo un fuerte rejuvenecimiento del colectivo, así como una mayor presencia porcentual de mujeres y de personas cualificadas en general.
Sebastián Reyna, Secretario General de a organización, considera “que todavía medio millón de personas decidan en España establecerse como autónomos en un año, resulta casi milagroso, por lo que estos números demuestran que se mantiene una buena valoración del trabajo autónomo entre los jóvenes, lo que obliga a que el Gobierno y las CCAA tomen medidas incentivadoras para los nuevos emprendedores y se adopten medidas contundentes para reducir el cierre permanente de negocios, como la prevista de abordar ya el pago a proveedores de los ayuntamientos, y es imprescindible también solventar la imposibilidad de acceder al crédito”.
