Crece en España el uso de software pirata

Ante la crisis y la falta de respuesta gubernamental, BSA da la voz de alarma. En 2011 el índice de software sin licencia se situó en un 44%, 11 puntos por encima de la media europea. Supone volver a los niveles de 2003.

Publicado el 28 Dic 2012

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El índice de software sin licencia en España en 2011 subió un punto, pasando de un 43 a un 44%. Así lo dice el IX estudio global de piratería de software de BSA realizado por IDC. Este dato, como comenta a CHANNEL PARTNERJuan Luis Ramos, portavoz de la asociación en nuestro país (en la foto), implica volver a los niveles de 2003 y seguir separándonos aún más de la media europea -que sí ha mejorado a pesar de vivir el mismo panorama de crisis que nosotros-, situándose en el 33%. Ramos no se muestra muy optimista respecto a los resultados que sacará a relucir el próximo informe de la corporación –que a partir de ahora tendrá una periodicidad bianual-, correspondiente a 2012, pues asegura que, como mínimo, se habrá mantenido el ratio pero duda mucho que haya descendido. Y apoya sus suposiciones en el hecho de que tan sólo en el primer semestre del pasado año las acciones legales de BSA contra empresas españolas por el empleo de programas informáticos no lícitos aumentaron un 24%. Entre enero y junio, llevó a cabo un total de 189 acciones judiciales lo que ha supuesto para las compañías un coste de 180.846 euros en indemnizaciones. Además, el directivo recalca que el 75% de las denuncias procedieron de ex empleados, una tendencia que, en su opinión, seguirá en aumento a consecuencia de la inestabilidad presente plagada de un número cada vez mayor de despidos.

Y es que, recurrir a aplicativos ilícitos conlleva una serie de riesgos legales y económicos para las organizaciones como la obligación de indemnizar por daños y perjuicios y tener que pagar por las licencias de uso que debería haber adquirido en su momento. A lo que hay que añadir problemas derivados como pérdida de datos, fallos críticos del sistema de TI y una mayor exposición de los equipos a ataques de virus y malware. Sin pasar por alto el deterioro de la imagen pública de la compañía o la posibilidad de denuncias por parte de un ex trabajador de la misma, es lo que Ramos califica como “efecto boomerang”, que se puede volver en contra de la empresa infractora. Sólo un apunte al respecto: el valor comercial del software sin licencia instalado en los ordenadores de nuestro país alcanzó un máximo récord de 874 millones de euros en 2011.

Asimismo, el portavoz asegura que según las estimaciones de la asociación, reducir esos 11 puntos –la mayor brecha que ha existido con respecto al resto de Europa- y situarnos en la media del viejo continente, reportaría 2.250 millones de ingresos para el sector (fabricantes y canal de distribución) y para el Estado supondría un incremento de la recaudación de 471 millones de euros por los impuestos derivados de esta comercialización y alrededor de 2.500 trabajos directos.

Iniciativas en stand by

Atajar esta situación es primordial para BSA, de ahí que den la voz de alarma y reclamen un mayor apoyo y compromiso para promover este tema. De hecho, Juan Luis Ramos confirma que estos datos se han compartido con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, “para que sigan apoyándonos y dando soporte a las iniciativas que hemos llevado a cabo en los últimos años”. Sin embargo, actualmente la campaña que venían realizando bajo el paraguas de ventajas objetivas y que había conseguido reducir el ratio de piratería en el canal hasta 25 puntos porcentuales, está paralizada fruto de la crisis y el cambio gubernamental. “Desde finales de 2011 estamos esperando que se dé continuidad a esta iniciativa y se inicie la segunda fase”, es decir, trasladar este mensaje al cliente final.

No obstante, no es la única acción emprendida por el organismo. Entre sus tareas de mejora de este panorama figura la promoción del cloud computing, un modelo que abre nuevas oportunidades de negocio, y que se ha materializado en la programación de una serie de cursos de formación realizados en 2012 de la mano de Ametic y la SETSI. A estas propuestas hay que añadir las campañas de marketing y concienciación que cada fabricante en particular pone en marcha.

El canal, aliado clave

La última información que tiene BSA acerca de la piratería en el canal corresponde a 2009, año en el que se había conseguido reducir 25 puntos porcentuales este índice respecto a 2007. Sin embargo, la previsión es que los niveles hayan vuelto a crecer, teniendo en cuenta los datos generales del informe, el entorno en el que nos encontramos y la falta de apoyo institucional. El papel de la distribución en esta batalla es vital, en tanto en cuanto en muchos casos la utilización de software fraudulento se comete de manera inconsciente por parte del consumidor. Ramos también declara que gracias a esta reducción lograda hace unos ejercicios, se vio un aumento en la profesionalización del canal, un incremento en la confianza de los clientes y en su reputación y se redujo la competencia desleal, haciendo posible una concurrencia competitiva mucho más sana. Además, el directivo confía en la computación en la nube como una nuevo terreno en el que combatir, de ahí que declare: “Animo al partner a aprovechar la enorme oportunidad de negocio que existe con el cloud computing, una tendencia imparable, que en España disfruta, a nivel de infraestructura tecnológica y normativa, de un contexto muy bueno”, concluye.

Los más piratas

Los principales campos de actividad que más consumen software ilegal son aquellos que hacen un uso intensivo de tecnología como los sectores de ingeniería, arquitectura, industrial y de la construcción.

Por regiones (según los últimos datos disponibles correspondientes a 2009), Andalucía, Extremadura, Comunicad Valenciana y Castilla-La Macha están por encima del 50%, mientras que Madrid (32%) y Navarra (28%) se sitúan en la parte baja de la tabla.

En cuanto a tipología de empresa, la piratería es más elevada en la pyme (hasta 100 empleados y 50 puesto) que en la gran cuenta. Igualmente la Administración Pública tolera cierta permisividad en este sentido, al no exigir a muchos proveedores y contratistas el empleo de programas ilegales.

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Cristina Albarrán

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