España se encuentra en la difícil encrucijada de la deuda y el déficit, dos variables económicas que andan de la mano y que el actual Gobierno debe domesticar a toda costa tras años de abultado crecimiento y por imposición europea. Con una sequía crediticia sin precedentes para las empresas y unos recortes presupuestarios que se están llevando por delante partidas esenciales de la sanidad, la educación o la justicia, la inversión de la Administración en nuevas tecnologías no podía ser intocable. Los expertos consultados por esta publicación cifran la caída de la inversión en TIC en este sector entre un 3% y un 30% durante 2012, según el criterio que se use para contabilizarlo. Aunque la horquilla es muy amplia, lo que está claro es que, en los últimos dos años, los ministerios, comunidades autónomas y municipios ya no licitan nuevos proyectos tecnológicos con tanta alegría. En 2012, el presupuesto TIC de la Administración General del Estado (AGE, que incluye Gobierno central y ministerios) fue de 1.508,63 millones de euros, un 13,6% menos que en 2011 y un 20,3% menos que en 2010, según los datos del Observatorio de Administración Electrónica (Obsae), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De toda esta cantidad, sólo un 32% se dedica a inversiones reales, es decir, a nuevos proyectos o a la ampliación de otros existentes. Sin embargo, un 45% se destina al mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas anteriores.
Otro dato que se desprende del informe del Obsae es que el gasto de la AGE en TIC sólo supuso el 4,6% del presupuesto total de los diferentes ministerios, frente al 5,1% de 2011. ¿En qué partidas se gasta más? El informe Reina, que se elabora cada dos años, cuantifica que el 49% de la inversión se destina a servicios informáticos, el 28% a retribuir al personal y el 20% a la adquisición de software y hardware. De estas cifras se extrae la conclusión de que la administración invierte poco en la renovación de equipos y licencias, mientras que concentra su gasto en la gestión de los servicios y en el personal. Es decir, el sector público se dilapida buena parte de su presupuesto informático en OPEX (a gastos corrientes que no generan mejoras de procesos y productividad) y muy poco en CAPEX (inversiones en nuevos sistemas que sí tienen por fin una mejora de resultados). Si nos vamos a la administración local (municipios y provincias), el gasto en TIC fue de 647 millones de euros en 2011 (último dato disponible), según el informe Reina, un 11,5% menos que en 2009.
Rafael Achaerandio, director de investigación de la consultora IDC, aclara que el gasto externo de la AGE (aquel que sólo contempla inversión en hardware, software y servicios, sin incluir el coste de personal) ha caído un 2,6% en 2012 con respecto al año precedente. Achaerandio también explica que la impresión entre los principales actores del sector tecnológico es bastante diferente, ya que, según una encuesta de la consultora, el gasto del sector público en tecnologías habría descendido un 8,2%. Como muestra de la disparidad de opiniones sobre este tema, José María López, director de Administración Pública en Tecnocom, sostiene que “en el año 2012 ha habido entre un 30% y un 40% de reducción del mercado español [en contratos de proyectos tecnológicos en la administración] con respecto al 2011” y la previsión para este ejercicio es prácticamente parecida. A pesar de estas percepciones, Achaerandio aclara que muchas compras se han realizado sin recurrir al presupuesto de tecnologías, sino que se han usado los fondos de organismos superiores (como Presidencia), lo que distorsionaría la caída real. “Esto es normal en una situación de emergencia como la que atraviesa el sector público y las decisiones se están tomando a niveles muy altos” para hacer frente a necesidades imperiosas, refiere el analista de IDC. “Si investigas los pliegos que se licitan, efectivamente el mercado habría caído en torno al 8%, pero si vas a los fabricantes y ves lo que facturan en este segmento te das cuenta que la caída es del 3%”, aclara Achaerandio. Otro botón de muestra. Carlos Layús, director general de Steria en España, señala que la contratación pública de la compañía disminuyó alrededor de un 5%, cifra que no fue a más porque la empresa renovó “la práctica totalidad” de los contratos recurrentes de administración en 2012.
Con estos mimbres, ¿se puede seguir haciendo negocio en ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos? Achaerandio opina que sí y es contundente: “No hay que olvidar que la administración pública continúa teniendo una agenda política que va hacia una mayor transparencia y mayor servicio a los ciudadanos”. No obstante, el analista de IDC explica que se reducirán las inversiones en la adquisición de nuevas infraestructuras, pero que las oportunidades están en conseguir una mayor eficiencia y ahorros. Por ejemplo, Achaerandio señala hacia el data center o las comunicaciones, así como a los proveedores que puedan ahorrar dinero a la administración.
