La patronal Asimelec reunió en Madrid a varios expertos para analizar el despliegue del documento electrónico en el III Congreso de Identidad Digital y DNIe. Hoy en día, más de 13 millones de ciudadanos cargan en su bolsillo el nuevo documento. Una de las conclusiones de la reunión es que el DNI electrónico es seguro, pero que es necesario encontrar un equilibrio entre seguridad y facilidad de uso, y que es el PIN de la parte pública de los datos del DNI que se impuso en su momento lo que da origen a este desequilibrio. A mejorar las cosas ayudaría la introducción de capas de software y el libre acceso a datos como la fecha de nacimiento.
Aunque es bueno que el DNI y los certificados de atributos pudieran convivir juntos, aunque manteniendo cada uno sus funciones, sería conveniente también que en su evolución se contemplara su integración. El encuentro analizó asimismo la implicación del sector privado en la implantación del DNI electrónico. Si en el ámbito público hay un alto número de aplicaciones para este tipo de acreditación, en las empresas existe cierta sensación de frustración por el bajo número de ciudadanos que lo utilizan realmente. Se echa en falta una campaña de pedagogía sobre el DNI por parte del Gobierno, así como un gran pacto entre los sectores y agentes sociales que hagan avanzar todo el proyecto.
Asimismo, se habló de la necesidad de incorporar los drivers de los lectores en el sistema operativo y obligar a los fabricantes de hardware a integrar el lector en sus máquinas –al igual que se hace con el teclado en español-. También consideraron conveniente los expertos a la reunión de Madrid reducir el número de dígitos del PIN, fomentar talleres técnicos para la formación de desarrolladores de aplicaciones para DNIe, liberar el acceso a las líneas de comandos y facilitar a los usuarios, de forma gratuita, software que facilite la interacción con el DNIe.
De igual modo, también se puso de relieve que las iniciativas legales para obligar a las empresas a facturar de forma electrónica con el sector público no son eficaces, al no actuar el Ministerio de Economía y Hacienda con la diligencia debida. Por su parte, las Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información también pierden efectividad, al no existir un régimen sancionador específico.
