Casi seis meses después de que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, lo anunciase en el Debate sobre el estado de Nación, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible. Sin un texto legal todavía definido, el ejecutivo quiere agrupar en una norma un conjunto de iniciativas que permitan cambiar el modelo económico español, haciendo hincapié en la potenciación de las energías renovables, facilitar la iniciativa empresarial y mejorar la implantación de tecnologías. Desde Moncloa han pedido 10 años para ver los efectos de este plan.
En lo que respecta al capítulo de las TIC, no hay demasiadas propuestas. El Gobierno permitirá que las operadoras usen la banda de los 900 Mhz para ofrecer servicios de telefonía UMTS, lo que ayudaría a abaratar el coste de los mismos. Además, el apagón analógico dejará libres las bandas de frecuencia comprendidas entre los 790 y 862 MHz, que podrán ser utilizadas para prestar servicios avanzados de comunicaciones. Otra de las novedades más destacadas, aunque ya fue adelantada por el ministro Sebastián durante Ficod, es que el servicio telefónico universal incorporará a partir de 2011, de forma obligatoria, una banda ancha de 1 Mbps. Para el fomento de la actividad empresarial, el Gobierno quiere reducir los plazos de tiempo y las cantidades necesarias para constituir sociedades limitadas. En concreto, será de un máximo de cinco días y 250 euros de costes para aquéllas con un capital social entre 30.000 y 3.100 euros; y de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para todas ellas se suprime el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y todos los trámites serán telemáticos.
Asimismo, el ejecutivo también quiere que a partir de 2013 las administraciones paguen sus facturas a 30 días desde la emisión de las mismas. Por su parte, el plazo máximo de pago a autónomos y pequeñas empresas se fija en 60 días. La idea que subyace tras este propósito es acabar con la morosidad que los organismos públicos tienen con las pymes. Y es que se calcula que las administraciones adeudan cerca de 3.000 millones de euros a los pequeños y medianos empresarios. Asimismo, los contratistas podrán aumentar el porcentaje de subcontratación del actual 30% hasta el 50%, con el objetivo de fomentar la participación de pymes en la contratación pública. Además, el paquete de medidas aprobado en Consejo de Ministros estipula que los contratos del sector público sólo puedan modificarse en determinados casos y no podrán superar el 20% del coste.
El anteproyecto de ley se completa con un conjunto de iniciativas de corte medioambiental, el impulso de la I+D+i, la modificación de los órganos supervisores (CNMV, Comisión de Competencia, entre otros), un plan de ahorro en la administración pública y varias deducciones para viviendas, alquileres y transporte.
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