El tema de las descargas y los derechos de autor sigue incendiando Internet. Primero se quejaron los músicos, ahora los internautas, aunque por motivos distintos pero “enlazados”. La ya popular “ley antidescargas”, que forma parte del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que recientemente acaba de presentar el Gobierno para su trámite en el Parlamento, ha creado un tsunami tal de críticas en la Red durante estos días que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, convocó una reunión de urgencia con un grupo de blogueros para calmar los ánimos. El diálogo parece que no llegó a buen puerto.
El plan inicial del Gobierno es constituir un órgano, la Comisión de Propiedad Intelectual, que tiene la potestad de bloquear sin autorización judicial el acceso a páginas web que difundan contenidos protegidos por derechos de autor. Dicha sentencia causó un frente abierto en el ciberespacio que todavía sigue sumando adeptos. Incluso se ha elaborado un manifiesto en el que se rechazan los cambios normativos por considerar que “afectan al libre ejercicio de las libertados de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de la Red”. En el mismo se hace prevalecer el derecho de los ciudadanos ante el de los autores, y se alude a que no debe darse “ni un cierre sin sentencia”, considerando que debe ser el poder judicial quien decida siempre sobre esta cuestión. Ante tal estado de crispación, José Luis Rodríguez Zapaterodeclaró ayer por la tarde que “el Gobierno no va a cerrar ninguna web”, lo que induce a pensar en una posible revisión de las medidas anunciadas contra los sites que faciliten “bajar” contenidos no autorizados.
Hasta la fecha, el límite lo ponía el ánimo de lucro. Es decir, la ley penaba si detrás de la descarga se obtenía la obtención de algún tipo de beneficio económico. En el caso del mero intercambio de archivos, la jurisprudencia hasta hoy no ve vulneración de la ley. La revisión normativa a la que se alude en la LES obliga, pues, a modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Un nuevo modelo
Por su parte, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec) considera que el distanciamiento entre usuarios y autores “demuestra la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de negocio”. Según esta asociación, el Gobierno no está acometiendo “de manera clara y decidida” la resolución de este problema a largo plazo.
No en vano, Asimelec considera que imponer medidas restrictivas para llegar a una solución sobre el derecho a la propiedad intelectual en la red no pondrá remedio a la actual confrontación.
