La plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 contra la morosidad, ha presentado un estudio basado en 777 encuestas a empresas adheridas (96% pymes) del que se desprende que el plazo medio de cobro que se pactó en 2010 en el sector privado fue de 75 días, si bien el plazo de cobro efectivo fue de 93 días.
Ambos datos son inferiores a los registrados en 2009, con 77 y 101 días respectivamente, y reflejan la respuesta positiva del sector privado a la entrada en vigor de la ley de morosidad, en julio de pasado año.
Según las estimaciones, esta reducción de los plazos supuso un montante de 1.800 millones de euros en la mejora de pagos en el sector privado, ahorro que ha revertido positivamente en la sociedad española al inyectar liquidez a la economía, aumentando la competitividad y capacidad de autofinanciación de las empresas, consideró la PMcM.
“En 2010 el sector privado consiguió reducir el plazo de sus pagos intentando ajustarse a los marcados por la Ley de Morosidad, y muy lejos de los datos registrados por las administraciones públicas, que han incrementado aún más la demora de sus pagos”, aseguró ayer el presidente de la PMcM, Rafael Barón.
Y es que en lo que se refiere a las administraciones públicas, primer contratador del país y sector en el que el plazo medio de cobro pactado en 2010 era de 60 días, la PMcM denuncia que se ha elevado el plazo medio de cobro efectivo de 154 días en 2009 a 157 el año pasado.
Ante esta situación, Barón insistió en que para que se cumpla eficazmente la ley, es necesario que la administración pública sea la primera en cumplir la nueva normativa, poniendo en marcha la línea de crédito ICO que prometió, para que las administraciones locales puedan pagar a sus proveedores.
En España, el ratio de morosidad en 2010 se cifró en 5,1%, un porcentaje superior al 5% de 2009. “Este nivel de morosidad contrasta con el 2,6% que se registra de media en la Unión Europea”, destacó el presidente de la PMcM.
Además del sector público, los segmentos más reacios al cumplimiento de la ley de Morosidad son la gran distribución y los sectores afines a la construcción.
Concretamente, en el sector público, los plazos medios pactados en Industria se situaron en 90 días, y 82 para el sector de la construcción y el de servicios, sin embargo, los plazos medios reales escalaron hasta los 157, 163 y 145 días, respectivamente.
Si tomáramos a los mismos sectores de actividad, pero referidos al sector privado, los plazos medios pactados fueron de 80 días en industria, 77 en construcción y 65 en servicios, mientras que los plazos reales se sitúan en los 96, 97, y 86 días, respectivamente
De acuerdo con los resultados analizados por la PMcM, el 64% de las empresas encuestadas tiene en la actualidad contratos o acuerdos comerciales con clientes que le exigen plazos de pago superiores a los 85 días legales.
La ley de morosidad adolece de herramientas de facto para obligar a su cumplimiento, recordó Barón, particularidad en la que está trabajando la PMcM con vistas a presentar modificaciones a la misma en fechas próximas.
Entre estas estarían un régimen sancionador efectivo así como un observatorio de la morosidad, ambas destinadas a evitar una lacra que ha propiciado el cierre de más de 400.000 empresas en España desde el inicio de la crisis en 2008 y al despido de sus trabajadores.
