El Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado hoy en contra de la aplicación a empresas y administraciones del canon digital, el impuesto que desde diciembre de 2007 grava la adquisición en España de CDs, DVDs, MP3, MP4 y cualquier dispositivo capaz de reproducir música. La sentencia se produce como respuesta a la Audiencia de Barcelona, que pidió ayuda a esta instancia para resolver el litigio entre la SGAE y la empresa Padawan, a la que se solicita el pago por compensación de casi 17.000 euros por los dispositivos de almacenamiento comercializados entre 2002 y 2004. El Tribunal de Luxemburgo argumenta que “la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“. No obstante, sí avala la aplicación del canon a los dispositivos de reproducción adquiridos por particulares. La sentencia del Tribunal no es vinculante, ya que remite a los tribunales españoles para que sean éstos los que dictaminen en cada caso si procede o no aplicar el canon, siempre que se trate de empresas o administraciones. En cualquier caso, sí se interpreta como un llamamiento de la UE para que España introduzca cambios en la legilsación actual. Una vez conocido el fallo, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha declarado el Gobierno buscará “una alternativa” junto a “los otros países europeos que se van a ver afectados” por el fallo judicial. “Cuando conozcamos la sentencia en su totalidad se estudiará y nos sentaremos a hablar con todos los sectores involucrados”. Paradójicamente, tanto asociaciones de internautas como entidades de gestión se han manifestado satisfechas con la resolución. Vïctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, entiende que “es un fallo que compensa todas las peleas que hemos tenido desde hace siete años” y que el siguiente paso debe ser “rectificar de forma inmediata” para después “sentarse con los afectados y hablar”. Por su parte, diferentes entidades de gestión se han manifestado en el sentido de que este fallo “les da la razón” ya que, según ellas, viene a respaldar la legalidad del canon y que únicamente cuestiona algunos supuestos, para cuya posible inclusión en la ley dicen mostrarse abiertos a dialogar con la industria.
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