Por: Mayra Martínez
En este momento la administración electrónica española posee un notable alto (84 puntos sobre 100), 12 puntos por encima de la media continental, gracias a iniciativas como la Ley para el Acceso Electrónico, la renovación del portal 060 o la efectiva utilización de la factura electrónica. Son los primeros resultados de años de proyectos y planes que han venido sucediéndose desde los distintos gobiernos para impulsar la llamada e-administración. Todo tiene su origen en Lisboa. En la capital del Tajo, el Consejo Europeo definió en 2000 una estrategia global para colocar a la economía continental a la altura del competidor estadounidense en el plazo de una década. El documento se tituló i2010: Una Sociedad de Información Europea para el crecimiento y el empleo y proponía llegar al 3% en inversión en investigación, desarrollo e innovación en los primeros diez años del tercer milenio. Con el paso de los años, esta propuesta se ha ramificado en una serie de planes nacionales que pasamos a analizar a continuación.
Un plan muy ambicioso
Una de las iniciativas más publicitadas por el Gobierno en los últimos años ha sido el Plan Avanza, que con una dotación presupuestaria que asciende a 5.700 millones de euros hasta el 2010 (1.500 millones al año) pretende que nuestro país alcance la media europea en los indicadores más significativos de la sociedad de la información. El objetivo es incrementar, por ejemplo, el porcentaje de empresas que utilizan el comercio electrónico del 8% al 55%, promover el uso de la factura electrónica, extender la administración electrónica gracias a la popularización del DNI digital, alcanzar la tasa de un ordenador conectado a Internet por cada dos alumnos en los centros de enseñanza y doblar el número de hogares con acceso a Internet. Una de las principales líneas de actuación del Plan Avanza, y que sirve de base para el desarrollo de la e-administración, es el desarrollo de los servicios públicos electrónicos de todos los organismos públicos, de modo que se consiga mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia de las empresas. Uno de los ejes fundamentales para que todo este entramado funcione es el DNI electrónico. Al incorporar la firma electrónica, el documento permite realizar distintos trámites administrativos y transacciones comerciales a través de Internet con la máxima seguridad. A finales del año pasado la Policía Nacional había superado ya la cifra de 1.200.000 DNI electrónicos expedidos en España. El documento se puede obtener en estos momentos en 86 oficinas de expedición repartidas por todo el territorio. En cuanto a la factura electrónica, otro de los fundamentos para el desarrollo de la administración del futuro, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, junto a la Agencia Tributaria, presentaban el pasado 6 de febrero el formato que han creado para tal fin y que ha sido denominado Facturae. Se trata de una iniciativa pionera en Europa y que posiciona a España como el primer país de la UE en presentar un formato de factura electrónica gratuito, abierto y garantizado por la Administración. Además, para potenciar su desarrollo y divulgación se ha creado una página web, www.facturae.es, en la que los interesados se pueden descargar un programa de gestión de facturación electrónica y un directorio con las administraciones y empresas que ya la utilizan. Sus promotores aseguran que este método electrónico ahorrará un promedio de 3,4 euros por cada factura, lo que supone un ahorro potencial al año de más de 15.000 millones de euros para la economía española (un 1,5% del PIB). Otras actuaciones que se encuadran en el marco del plan Avanza son los convenios de colaboración entre los ministerios de Industria y Sanidad para el desarrollo de la sanidad on line, con medidas como el historial clínico electrónico y la receta electrónica.
La administración da ejemplo
Todos estos proyectos son llevados a la práctica en el ámbito concreto de las administraciones públicas mediante el Plan Moderniza, que lleva dos años vigente. El objetivo de esta iniciativa es fijar las políticas y medidas tecnológicas concretas que garanticen la existencia de estos múltiples canales telemáticos que deberían facilitar el acceso a todos los servicios públicos. Entre ellas destaca la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para Administraciones), una red privada que une a todos los departamentos y ministerios que componen la Administración General del Estado y las autonomías de una forma segura. El proyecto que el pasado mes de agosto se adjudicó a la compañía BT España por un montante de 2,6 millones tiene como objetivo que para el año 2010 todas las administraciones estén conectadas. Con la perspectiva de soportar millones de transacciones al mes, y con el objeto de garantizar la máxima continuidad del servicio, se ha confiado, además, la creación de un centro de respaldo a las empresas HP y Taisa Syvalue. El proyecto SARA está estrechamente ligado al proyecto ISYS, de próxima adjudicación, para la construcción de una Plataforma de Intermediación de Sistemas y Servicios entre Administraciones Públicas que tiene como base una arquitectura SOA.
No obstante, la modernización también necesita de acciones que sirvan para instruir y asistir a los ciudadanos en el uso de estos nuevos servicios electrónicos. Así, la red multicanal de atención al ciudadano 060 se constituye para que, a través de un sólo número telefónico, que ha gestionado durante su primer año de vida cerca de 700.000 consultas, el interesado pueda acceder fácilmente a más de 500 teléfonos de atención al público de casi todos los organismos. A través de ellos, al igual que a través del portal en Internet 060, que ya ha sido visitado por más de medio millón de usuarios, se pretende dar respuesta a las dudas de los usuarios asociadas a los procesos de gestión que conlleva la e-administración. Otra de las iniciativas destacables en este sentido es la creación del Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos, una plataforma de información y participación ciudadana para debatir y proponer asuntos de interés o actualidad en relación con los servicios públicos. Con la información obtenida se elabora un informe anual sobre la calidad de conjunto de estos servicios.
El peso de la ley
Pero debido a que toda iniciativa pública debe ir acompañada por su correspondiente normativa legal para regular, aclarar e imponer debidamente la realización efectiva de todos estos proyectos, el pasado 23 de junio de 2007 se publicada la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante Ley 11/2007). Se trata de un texto que pretende consagrar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, lo que impone a las mismas la obligación de establecer los mecanismos oportunos para que los españoles podamos ejercitar ese derecho. Así por ejemplo, la ley recoge que los organismos públicos deben tener una dirección electrónica disponible que respete los principios de accesibilidad y usabilidad y que permita una efectiva comunicación entre administraciones y ciudadanos. Para la regulación de los sistemas de identificación y autenticación, la Ley hace especial hincapié en los ya hace tiempo reconocidos DNI electrónico y la firma electrónica. Además, surge un instrumento nuevo, el llamado sello electrónico, procedimiento que permite crear copias auténticas de documentos electrónicos dotándoles de la misma validez que los documentos oficiales en papel. Adicionalmente, la norma pretende establecer criterios comunes y armónicos que sean de aplicación a todas las administraciones con la incorporación al ordenamiento de cuestiones ya abordadas con anterioridad en distintos ámbitos, como los ayuntamientos o ciertos entes paralelos a la administración del Estado. Así los gobiernos intentan adaptarse a la norma acometiendo proyectos concretos. Según, Blanca Pons, Marcom Manager de Polymita, “el principal reto en la actualidad es la adaptación a la Ley de Administración Electrónica. Esto pasa por proyectos de automatización de gestión de expedientes y trámites, integración de esos flujos de trabajo con portales del ciudadano y de las administraciones, y creación de portales con altos niveles de personalización e información dinámica”.
Pero no sólo es importante facilitar que toda la comunicación y trámites entre le ciudadanos y los distintos organismos públicos se realicen de manera electrónica. Para que la experiencia del usuario sea verdaderamente plena, también los distintos organismos deben interoperar e intercambiar información entre sí. Una efectiva interoperabilidad entre administraciones permite, según responsables de la empresa PowerData, compañía de plataformas de integración de datos y de Business Intelligence, un gran ahorro de costes para la administración además de incrementar la eficiencia de los servicios electrónicos al ciudadano. Por su parte, los ciudadanos percibirán estas mejoras a la hora de realizar trámites burocráticos que impliquen a más de un organismo (ya no deberán entregar documentación por duplicado, por ejemplo), además de tener un mayor acceso a los servicios debido a los nuevos canales habilitados (Internet, SMS, TDT…). Estos proyectos de interoperabilidad no deberían acometerse, sin embargo, sin tener en cuenta una serie de cuestiones. “La plena interoperabilidad entre administraciones plantea riesgos, tanto tecnológicos (compatibilidad de sistemas) como asociados a una mala calidad de la información (información incorrecta, duplicada, no actualizada, etc.). Para hacer frente a estos riesgos es necesario una plataforma que permita la transferencia de datos desde y hacia cualquier sistema, en la frecuencia de tiempo deseada y utilizando técnicas avanzadas de calidad”, afirma Alberto Carlés, responsable de cuentas de la administración de PowerData.
El duro mundo de los proyectos públicos
Visto lo visto, las administraciones se han convertido en uno de los clientes más importantes en la industria tecnológica. De ello se han dado cuenta hace tiempo tanto fabricantes como integradores de sistemas, que no ocultan su interés por este sector. “La Administración tiene una necesidad muy importante de renovación de tecnología. Necesita mucha modernización y la verdad es que camina en ese sentido”, declara Pedro Tortosa, director general de Ermestel, uno de los partners de referencia de VMware en España. Pero la cosa no es fácil. El ejecutivo admite que sobre todo en el terreno de los concursos públicos la competencia es realmente elevada. “En algunos casos hemos tenido que competir con proyectos de otra 15 o 16 empresas. Es mucha la presión. Para ganar tienes que ajustar al máximo los precios y ofrecer propuestas verdaderamente innovadoras”, manifiesta Tortosa. Los procedimientos mediante los cuales la administración elige a los adjudicatarios de proyectos son fundamentalmente tres. Hasta los 12.000 euros el Gobierno local o regional de turno tiene una completa libertad de elegir a la empresa proveedora. De esa cantidad y hasta los 30.000 euros se requiere abrir el concurso a una serie de empresas seleccionadas, mientras que a partir de esta cifra en adelante el concurso debe ser completamente público y abierto a todas aquellas empresas que quieran participar en él. Finalmente existe lo que se llama Catálogo de Patrimonio, que depende de la Dirección General de Patrimonio del Estado. En él están recogidos una serie de productos a un precio tasado, que corresponden a un presupuesto previo. Este mecanismo está específicamente diseñado para la adquisición de bienes de equipo e incluye a fabricantes que ya han ganado un concurso previo. Por este motivo y debido a que la lista de productos incluidos en el catálogo de patrimonio se renueva sólo cada cuatro años, muchos fabricantes se quejan de que la lista se queda obsoleta y que no incluye mucho del equipamiento que la Administración necesita. Otra queja común es la referente a los plazos de pago, los cuales suelen efectuarse en un período de entre 6 meses y un año posteriores a la fecha de adjudicación. Este inconveniente hace que las posibilidades de participar se reduzcan a candidatos con la suficiente potencia financiera para soportar retribuciones a largo plazo. Otro aspecto a tener en cuenta son los procesos de homologación de los equipos, que en general son bastante bien valorados por los fabricantes, puesto que confirman que sus soluciones son especialmente adecuadas para el sector público. Tal y como afirma Rosendo García, director comercial para Administraciones Públicas de 3Com, “la homologación de equipos facilita a los organismos públicos la compatibilidad en el despliegue de infraestructuras y aporta una mayor seguridad en la provisión de soluciones que faciliten la administración electrónica”. El fabricante está dotando a la Administración y a través de sus partners integradores del equipamiento necesario para el despliegue de redes de conmutación inalámbrica.
España dentro de la Europa electrónica
Son muchos los analistas que coinciden en que en los últimos años el Gobierno central ha dado un empujón definitivo para hacer realidad la e-administración. Pero cabe preguntarse cómo está España en comparación con los países del entorno. Los datos muestran que nuestro país ha avanzado de forma notable, superando con holgura durante 2007 la media europea en dos de los indicadores clave: la sofisticación y accesibilidad de los servicios públicos on line. Así lo pone de manifiesto el estudio elaborado por Capgemini en septiembre de 2007 para la Comisión Europea en 27 estados comunitarios más Islandia, Noruega, Suiza y Turquía y que coloca a España en el noveno puesto del ranking, seis por delante de la posición ocupada en 2006. Según la consultora, el nivel de disponibilidad de los servicios públicos on line en España se sitúa en un 70 por ciento, registrando uno de los mayores avances de la Unión Europea y superando ampliamente el 58 por ciento de media en Europa. Estos datos sitúan a España en la posición número 9 en el ranking europeo por encima de países como Holanda, Finlandia, Bélgica o Dinamarca. En cuanto al grado de sofisticación de los servicios públicos on line España también se sitúa muy por encima de la media europea, con un porcentaje del 84%, frente a un 76 por ciento del conjunto de países. La sofisticación se mide en términos de la complejidad de los servicios ofrecido. Así, en el nivel más básico se encontraría la mera disponibilidad de información, escalando en sofisticación a medida que se añaden funcionalidades como transacciones bidireccionales y servicios personalizados.
PROYECTOS PREMIADOS EN EL ÁMBITO DE LA E-ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA
El pasado 24 de enero siete organismos públicos fueron galardonados por el uso de las tecnologías de la información en la IV Edición de los Premios a las Mejores Prácticas de Administración Electrónica de 2007. El certamen fue patrocinado por el diario económico Expansión, la división de servicios a grandes empresas de Deustche Telekom, T-Systems, e IESE Business School de la Universidad de Navarra y contó con la presencia de la Ministra salgado
Primera categoría: Sistemas que mejoran la vida de los ciudadanos y de las empresas:
El Principado de Asturias – Plataforma de Admon. Electrónica: el proyecto comprende una solución destinada a ofrecer servicios telemáticos multicanal a ciudadanos y empresas, tanto de Asturias como de otras comunidades autónomas.
Ayuntamiento de Gijón – Oficina Virtual: Ofrece funcionalidades como la presentación telemática de la solicitud con acreditación de la identidad (certificado electrónico, usuario y contraseña, etc.), la aportación de documentación electrónica acreditativa, el seguimiento de la tramitación, las comunicaciones entre interesado y administración y la generación y descarga de documentos administrativos y tributarios, entre otros.
Segunda Categoría: Sistemas que facilitan la interoperabilidad entre las distintas entidades públicas.
Ministerio de Administraciones Públicas – Sistemas de Verificación de datos de identidad y residencia: Servicio de Comunicación de Domicilio en España, un servicio cuyo objetivo es unificar en un único trámite on line la comunicación del nuevo domicilio de un ciudadano a los Organismos de las Administraciones Públicas que lo requieren en el cumplimiento de sus funciones, y su Servicio de Verificación de Datos de Identidad y Datos de Residencia, creado para verificar de forma automatizada y on-line, los datos de identidad o/y de residencia de cualquier ciudadano evitando la necesidad de aportar físicamente los correspondientes documentos a la hora de realizar un trámite burocrático.
Correos y Telégrafos – Sistema Integral de Notificaciones Telemáticas: Sistema Integral de Notificaciones Telemáticas, que, gracias a la colaboración desarrollada con diversos organismos públicos, permite de forma electrónica la notificación de los actos administrativos hacia los ciudadanos (particulares y empresas), poniendo a su disposición las notificaciones en un único buzón electrónico, y simplificando enormemente la relación entre Administración y ciudadanos.
Tercera categoría: Sistemas que incrementan la eficacia interna en las organizaciones públicas
Hospital de Fuenlabrada – Mejora del ciclo integral asistencial: Proyecto de mejora del Ciclo Integral Asistencial mediante un sistema de información integrada para Asistencia Primaria y Especializada del área 9, un claro ejemplo de la mejora de la calidad asistencial al paciente y, en consecuencia, a todas las entidades participantes en el circuito, tales como los facultativos peticionarios de Atención Primaria, el personal citador y administrativo, y el personal de radiodiagnóstico.
Ayuntamiento de Madrid – Contratación electrónica: Nuevo sistema de contratación electrónica, que permite al Ayuntamiento la tramitación electrónica de todos los contratos realizados, cualquiera que sea el tipo de contrato (obras, suministros, consultoría y asistencia técnica, servicios, gestión de servicios).
Accésit:
Ayuntamiento de Leganés: Otorgado por el impacto del proyecto en la población de Leganés: Proyecto “010 Digital, Un mismo Servicio y todos los medios a tu alcance”. Comprende el desarrollo de un escritorio único donde se almacenan todos los registros, independientemente de la plataforma por la que se hayan presentado, a modo de panel de control, para el control, seguimiento y reclamación en caso necesario de cada servicio prestado.
