La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha felicitado al Gobierno por transponer la Directiva Europea de Medidas de Lucha contra la Morosidad dentro del plazo marcado, que expira el próximo 16 de marzo. Este hecho, junto con la recién anunciada ampliación del Plan de Pago a Proveedores, que abarca nuevos ámbitos de aplicación sobre el anterior, “suponen para nosotros, y especialmente para la economía y la liquidez de las pymes y autónomos españoles, dos noticias de una importancia extraordinaria, un paso fundamental en la racionalización de los plazos de pago en España”, asegura Antoni Cañete, presidente de la PMcM, entidad impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.
“Nos parece especialmente trascendente que la transposición de la Directiva 7/2011/ UE de Medidas de Lucha contra la Morosidad no haya introducido el pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días, es decir, que haya fijado un plazo de pago estándar de 30 días ampliable solo hasta un máximo de 60 días si así lo acuerdan las partes”, añade.
En su opinión, “el espíritu de la reforma es cada vez más claro y apunta en el buen camino, pero creemos que quedan algunos resquicios legales que sería conveniente acotar para asegurar que las modificaciones recientemente aprobadas obtengan los resultados previstos y sean un instrumento eficaz para reducir los plazos de pago en España”.
Tras un primer análisis del Real Decreto-ley 4/2013 del pasado 22 de febrero, la PMcM señala que faltan algunos aspectos que permitirían “fortalecer aún más la normativa, evitar su manipulación y lograr que impere el espíritu que sus reformas quieren conseguir”. Por ejemplo, se debería derogar el artículo 17 de la Ley del Comercio Minorista y el artículo 228 de Contratación Pública, para “acabar con el trato de favor a distribuidores y contratistas, respectivamente”, explica.
Asimismo, la PMcM propone establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
Para Cañete, todas estas propuestas son necesarias “si queremos cumplir el objetivo fundamental de asegurar unos plazos de pago razonables que permitan equiparar la competitividad de nuestras pymes y autónomos con la del resto de nuestros vecinos europeos”.
Por otra parte, el presidente de la PMcM ha querido recordar que la Directiva Europea obliga a pagar los intereses de demora, por lo que insta a que esto se refleje en el inminente Plan de Pago a Proveedores.
