El Gobierno ha cedido a la petición de las operadoras telefónicas para retrasar la eliminación de aquellos números de telefonía móvil bajo el modelo de prepago cuyos usuarios aún no habían dado a conocer sus datos. Y es que desde el lunes 9 de noviembre la Ley de Conservación de Datos obligaba a desconectar los teléfonos de aquellos clientes que contasen con tarjeta prepago y no hubiesen facilitado sus datos a la operadora. El Gobierno tenía previsto inhabilitar estos números telefónicos, cuyos titulares han tenido un plazo de dos años para identificarse. Sin embargo, una reunión de última hora con las operadoras suvizó la medida. De momento se ha procedido a la desconexión de los números. Quienes intenten llamar con los mismos recibirán un mensaje en el que se les indica que para recuperar su antiguo número tendrá que facilitar sus datos personales en un plazo de seis meses. Millones de líneas (y de euros) estaban en juego si se aplicaba a rajatabla la ley. Las operadoras han negociado hasta el último momento con el Gobierno esta solución por el trasfondo económico de la medida. Por un lado, la desactivación de millones de líneas podía suponer la pérdida de millones de clientes. Por otro lado, lo que muy pocos consumidores saben es que el punto octavo de la disposición adicional única de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones permite que los usuarios afectados por estas desactivaciones reclamen a los operadores la devolución del saldo pendiente en su tarjeta en el momento de la desactivación. Esto último podría haber provocado múltiples reclamaciones económicas. Para identificarse, el propietario de la tarjeta (ya sea particular o empresa) debe dirigirse a un establecimiento de su propio operador (Orange, Vodafone o Movistar) con su DNI, tarjeta de residencia o número de identificación fiscal. El procedimiento es presencial y no se puede realizar de ninguna otra manera. La decisión de obligar a los usuarios de tarjetas prepago a identificarse se estableció por ley tras los atentados del 11-M en Madrid y con el fin de garantizar la seguridad y la identificación de los usuarios.
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