Los partidos políticos han entrado en la recta final de la campaña electoral que va a decidir el próximo Gobierno de España. Aunque el capítulo de inversión en tecnología no acapara tantos titulares como los de vivienda, seguridad, sanidad, terrorismo o integridad territorial, todas las formaciones han incluido propuestas y a priori todas se muestran sensibles con el tema. No obstante, antes de hacer un repaso a las promesas que PP, PSOE e IU han estampado en sus programas electorales, conviene echar un vistazo al legado que deja el Gobierno de Aznar tras ocho años en el poder. En la primera legislatura, tanto la inversión científica como tecnológica pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, Aznar comenzó su segundo mandato anunciando a bombo y platillo un programa de inversiones muy ambicioso, Info XXI, que proponía un gasto de casi 5.000 millones de euros entre 2001 y 2004. El lanzamiento de esta propuesta se producía después de que, a principios de 2000, el Gobierno tuviera el detalle de crear un ministerio específico para el ramo bajo la responsabilidad de Anna Birulés, procedente de Retevisión (hoy Auna). El plan fue un fiasco y sólo se ejecutó parcialmente. Ante las preguntas de la oposición para saber en qué habían quedado las más de 300 iniciativas que planteaba Info XXI, el Gobierno se excusó diciendo que sólo se trataba de un documento de trabajo. En consecuencia, en el verano de 2003 el Ejecutivo dio un golpe de timón y aprobó un plan bianual de menor calado, aunque más pragmático, España.es. Para su elaboración, el ministerio contó con la colaboración de expertos del sector coordinados por Juan Soto, ex presidente de HP en España, y de la consultora McKinsey. El coste inicial de España.es se cifró en 1.000 millones de euros para el bienio 2004/05 y mantiene tres líneas maestras: el refuerzo de la oferta de contenidos y servicios electrónicos para favorecer la demanda, la mejora de la accesibilidad ofreciendo puntos de acceso público a las redes virtuales, sobre todo en la educación, y la universalización de la conexión de las pymes a estos servicios. Sin embargo, desde el principio España.es desató las críticas de la patronal del sector, Sedisi, toda vez que, aunque hace hincapié en asuntos de vital importancia, no concreta qué partidas presupuestarias van a financiarlo y se deja viejas reivindicaciones del sector en el tintero, como la introducción de medidas fiscales que hagan más fácil la popularización del Internet y del negocio electrónico en los hogares y las pymes. Además, la puesta en marcha del plan con unas elecciones generales a la vista también ha frenado su implantación.
Al día de hoy, después de que por Ciencia y Tecnología hayan pasado ya tres ministros (Anna Birulés, Josep Piqué y Juan Costa), el perfil de las TI en España es más bien sombrío, algo que resalta mucho más cuando algunas cifras macroeconómicas son la envidia de buena parte de los competidores europeos. La convergencia con el continente, que en otros terrenos ya ha sido alcanzada o está a tiro de piedra, todavía es una quimera en el ámbito de la sociedad de la información. Las dos medallas que se ha colocado el Gobierno, la de la buena marcha de la banda ancha gracias a la apuesta por el ADSL hay más de dos millones de abonados y el aceptable desarrollo de la Administración electrónica, quedan empañados por la escasa penetración del PC e Internet en los hogares o el poco predicamento y uso del e-business en la empresa, lo que lastra el vital capítulo de la productividad en el trabajo, verdadera asignatura pendiente en estos años de gobierno del PP, que ha primado el incremento de la cifra de trabajadores sobre la calidad de ese empleo y su eficiencia. Así, mientras que la media de gasto en TIC de Europa es del 4,1 por ciento del PIB, en España este porcentaje está en el 1,9. Y mientras que en a principios de los noventa a principios de los 90 la competitividad crecía a tasas de alrededor del 2 por ciento, ahora lo hace al 0,6 por ciento.
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