España se encuentra en la difícil encrucijada de la deuda y el déficit, dos variables económicas que andan de la mano y que el actual Gobierno debe domesticar a toda costa tras años de abultado crecimiento y por imposición europea. Con una sequía crediticia sin precedentes para las empresas y unos recortes presupuestarios que se están llevando por delante partidas esenciales de la sanidad, la educación o la justicia, la inversión de la Administración en nuevas tecnologías no podía ser intocable. Los expertos consultados por esta publicación cifran la caída de la inversión en TIC en este sector entre un 3% y un 30% durante 2012, según el criterio que se use para contabilizarlo. Aunque la horquilla es muy amplia, lo que está claro es que, en los últimos dos años, los ministerios, comunidades autónomas y municipios ya no licitan nuevos proyectos tecnológicos con tanta alegría. En 2012, el presupuesto TIC de la Administración General del Estado (AGE, que incluye Gobierno central y ministerios) fue de 1.508,63 millones de euros, un 13,6% menos que en 2011 y un 20,3% menos que en 2010, según los datos del Observatorio de Administración Electrónica (Obsae), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De toda esta cantidad, sólo un 32% se dedica a inversiones reales, es decir, a nuevos proyectos o a la ampliación de otros existentes. Sin embargo, un 45% se destina al mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas anteriores.
Otro dato que se desprende del informe del Obsae es que el gasto de la AGE en TIC sólo supuso el 4,6% del presupuesto total de los diferentes ministerios, frente al 5,1% de 2011. ¿En qué partidas se gasta más? El informe Reina, que se elabora cada dos años, cuantifica que el 49% de la inversión se destina a servicios informáticos, el 28% a retribuir al personal y el 20% a la adquisición de software y hardware. De estas cifras se extrae la conclusión de que la administración invierte poco en la renovación de equipos y licencias, mientras que concentra su gasto en la gestión de los servicios y en el personal. Es decir, el sector público se dilapida buena parte de su presupuesto informático en OPEX (a gastos corrientes que no generan mejoras de procesos y productividad) y muy poco en CAPEX (inversiones en nuevos sistemas que sí tienen por fin una mejora de resultados). Si nos vamos a la administración local (municipios y provincias), el gasto en TIC fue de 647 millones de euros en 2011 (último dato disponible), según el informe Reina, un 11,5% menos que en 2009. De esta cantidad, el 42% se dedica a retribuir al personal (funcionario o laboral) que se ocupa de las tecnologías, el 33% a los servicios informáticos y un 23% a la inversión en software y hardware. Por su lado, en el reino de taifas de las comunidades autónomas es difícil conocer los presupuestos reales de gasto en tecnología, ya que no existe un estudio oficial público sobre los mismos. Un informe de la consultora especializada Licita cifra en un 57% la caída de los importes licitados por las regiones españolas para este segmento en 2012, hasta los 1.800 millones de euros.
Opiniones encontradas
Rafael Achaerandio, director de investigación de la consultora IDC, aclara que el gasto externo de la AGE (aquel que sólo contempla inversión en hardware, software y servicios, sin incluir el coste de personal) ha caído un 2,6% en 2012 con respecto al año precedente. Achaerandio también explica que la impresión entre los principales actores del sector tecnológico es bastante diferente, ya que, según una encuesta de la consultora, el gasto del sector público en tecnologías habría descendido un 8,2%. Como muestra de la disparidad de opiniones sobre este tema, José María López, director de Administración Pública en Tecnocom, sostiene que “en el año 2012 ha habido entre un 30% y un 40% de reducción del mercado español [en contratos de proyectos tecnológicos en la administración] con respecto al 2011” y la previsión para este ejercicio es prácticamente parecida. A pesar de estas percepciones, Achaerandio aclara que muchas compras se han realizado sin recurrir al presupuesto de tecnologías, sino que se han usado los fondos de organismos superiores (como Presidencia), lo que distorsionaría la caída real. “Esto es normal en una situación de emergencia como la que atraviesa el sector público y las decisiones se están tomando a niveles muy altos” para hacer frente a necesidades imperiosas, refiere el analista de IDC. “Si investigas los pliegos que se licitan, efectivamente el mercado habría caído en torno al 8%, pero si vas a los fabricantes y ves lo que facturan en este segmento te das cuenta que la caída es del 3%”, aclara Achaerandio. Otro botón de muestra. Carlos Layús, director general de Steria en España, señala que la contratación pública de la compañía disminuyó alrededor de un 5%, cifra que no fue a más porque la empresa renovó “la práctica totalidad” de los contratos recurrentes de administración en 2012.
Ahorro de costes
Con estos mimbres, ¿se puede seguir haciendo negocio en ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos? Achaerandio opina que sí y es contundente: “No hay que olvidar que la administración pública continúa teniendo una agenda política que va hacia una mayor transparencia y mayor servicio a los ciudadanos”. No obstante, el analista de IDC explica que se reducirán las inversiones en la adquisición de nuevas infraestructuras, pero que las oportunidades están en conseguir una mayor eficiencia y ahorros. Por ejemplo, Achaerandio señala hacia el data center o las comunicaciones, así como a los proveedores que puedan ahorrar dinero a la administración.
Por su lado, José María López, de Tecnocom, incide en la misma idea: la implantación de soluciones que aminoren los costes en los diferentes organismos serán las más demandadas, junto con servicios de pago por uso. Por su lado, Carlos Layús, de Steria, va más allá e indica que “la administración electrónica, la sanidad, el bienestar social y el acceso a los sistemas desde dispositivos móviles son oportunidades de negocio para el presente ejercicio”. Helena Pérez, responsable de marketing de Administración Pública en Fujitsu, explica que “la clave está en la transformación del sector público con nuevos modelos de negocio, como la colaboración público-privada y el cloud computing”. Además, Pérez apunta que “no se trata sólo de reducir el coste de las TI, sino que éstas ayuden a reducir el gasto en la Administración”. Por eso, desde la filial española del fabricante japonés entienden que las oportunidades en este nicho se encuentran en la gestión unificada del puesto de trabajo o la gestión integral del portfolio de aplicaciones.
Financiación y pagos
Un punto importante que destaca Rafael Achaerandio es la necesidad de que las empresas cuenten con músculo financiero, a consecuencia sobre todo de las restricciones presupuestarias. Por un lado, para acometer grandes inversiones que habrá que adelantar a las administraciones y, por otro, para soportar plazos de pago largos. El factor de la fortaleza financiera dejará fuera de grandes proyectos a los partners pyme, que se están viendo sofocados por la falta de crédito en la economía española. El analista de IDC manifiesta que las pequeñas y medianas empresas lo tendrán más difícil, pero que una solución será acudir a los concursos en Uniones Temporales de Empresas (UTE). “Lo que está claro es que alguien que actúe como banco debe estar detrás del proyecto para contar con el músculo financiero”, concluye Achaerandio. Pero hay otro inconveniente. Uno de los temas que más ampollas levanta cuando se habla de la contratación con la administración es la morosidad. Según Carlos Layús, a pesar del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, las administraciones abonaron sus deudas en 2012 con un retraso medio superior a los 150 días. “Esto significa un grave deterioro para la tesorería de los proveedores, que además de la crisis tienen que hacer frente a la falta de liquidez que generan”, destaca el máximo directivo de Steria. Y Achaerandio añade otro problema al comentar que “los profesionales de la administración están muy enfadados, ya que el colectivo de funcionarios lleva mucho tiempo sufriendo” y la situación es de poca receptividad hacia nuevos proyectos.
Retraso tecnológico
Las continuas caídas en la adopción de nuevas tecnologías y el destino de los fondos existentes al mantenimiento de proyectos asentados perjudicará a la administración y en última instancia a los ciudadanos. Este medio ha podido conversar un funcionario con rango de subdirector en la Comunidad de Madrid y su opinión es que la administración siempre va por detrás en inversión tecnológica. Por ejemplo, en el departamento de funcionario, que prefiere no rebelar su nombre, se requieren grandes capacidades de procesamiento de datos para trabajar con cartografía y, en vez de contar con estaciones de trabajo, se usan PC de sobremesa. En cualquier caso, este responsable explica que “no es que no haya voluntad de inversión, sino que, por falta de presupuesto, no se puede llegar a los niveles deseados”. Asimismo, esta fuente refiere que el presupuesto de tecnología global en la administración de la región madrileña se ha reducido a la mitad en los últimos cuatro años. “La recaudación ha caído salvajemente y, al final, se centra todo en mantener lo más importante en aquellos servicios esenciales”, comenta. Asimismo, añade que “cada vez se le pide más a la administración cuando esta tiene menos recursos”. A pesar de ello, la opinión de este responsable regional es que la administración sigue manteniendo el pulso con los pocos recursos de que dispone e intenta dar solución al trabajo y los problemas que se le plantean. Aun con este panorama, Rafael Achaerandio tiene la opinión de que se darán pocas bajadas más en el gasto tecnológico de la administración. Y es que, “por debajo de un nivel de inversión, los equipos dejan de funcionar”. No obstante, el analista de IDC no descarta que se siga sometiendo a la administración a un ajuste como el que está padeciendo el sector privado, lo que repercutiría en las inversiones tecnológicas. Carlos Layús mantiene que las administraciones necesitan continuar su proceso de modernización y seguir acercándose a los ciudadanos, por lo que la tendencia es publicar concursos de mayor valor añadido, mejorar los servicios a los contribuyentes y optimizar los recursos disponibles.
