Por Mayra Martínez Se estima que la morosidad y los retrasos de pago han causado la pérdida de 450.000 puestos de trabajo y unos costes financieros de 10.000 millones de euros en toda la Unión Europea desde que existen cálculos. En el territorio español este fenómeno es el origen del 25% de las quiebras de las empresas. Se trata por tanto de un asunto serio que acarrea graves consecuencias económicas y sobre el que las empresas deben  tomar sus medidas de prevención. La morosidad está, como es lógico, íntimamente ligada a la coyuntura económica. Si la economía pasa por un mal momento, la habilidad para cumplir con los plazos de pago disminuye y los impagos son más frecuentes. La recesión en Estados Unidos provocada por las hipotecas de alto riesgo, fuente de inestabilidad económica mundial, es una de las causantes de que nos encontremos en un período de tensión financiera. Según Intrum Justitia, empresa de servicios de gestión de cuentas a cobrar, este año las empresas españolas tardarán una media de 94 días (un 15% más) en hacer frente al pago de sus facturas.  Esto va a provocar que nada menos que el 90% de las empresas españolas se enfrenten durante este año a problemas de liquidez.  Ello va a suscitar que peligre la viabilidad de hasta un 20% de estas empresas debido a los problemas financieros que acarrean los retrasos. Para la multinacional sueca especializada en servicios de gestión de crédito, no hay duda de la relación entre el incremento de los índices de morosidad y la ralentización económica.
Para Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia Ibérica “es evidente que si la crisis que atraviesa Estados Unidos continúa salpicando a Europa,  los bancos cada vez endurecerán más las condiciones en la concesión de créditos, por lo que las entidades particulares tendrán más dificultades a la hora de afrontar sus pagos y la tasa de morosidad se verá notablemente incrementada”. La lógica es clara. Las empresas necesitan vender para pagar, es decir, sus pagos dependen directamente de sus cobros. Pero no sólo eso, las empresas de seguro de crédito contribuyen a intensificar esta  situación identificando a las empresas y sectores a los que no es conveniente conceder créditos, precisamente por el alto índice de impagos. Se trata pues, de una cadena insalvable que afecta a algunos sectores más que a otros. El sector vivienda
Uno de los más conmovidos por este fenómeno es el sector de la vivienda. La morosidad ha estado, de hecho, muy vinculada a la actividad inmobiliaria de forma reciente. Datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) publicados por el diario El País el pasado marzo, situaban en un 116,2% el incremento de los créditos impagados en el último trimestre del 2007. Según este diario, a lo largo de todo ese año, algo más de 4.150 millones del importe de créditos concedidos (que sumó un 575.393 millones de euros) se consideraba “dudoso”, lo que supone un aumento superior al 100% respecto a 2006. Una situación que responde tanto a la subida del Euríbor, que en estos días se negocia en torno al 4,67%, el doble que hace 3 años, como al frenazo experimentado en la venta de viviendas, que dificultan los pagos de las empresas promotoras (la morosidad de los promotores inmobiliarios se disparó un 130% en 2007). La vivienda es, por tanto, uno de los sectores que más está contribuyendo a elevar la tasa de morosidad en 2008, cuya tendencia, al contrario de años precedentes, vuelve a ser ascendente. Si el año pasado el estudio realizado por Intrum Justitia revelaba que las pérdidas ocasionadas por el impago en las empresas españolas decrecieron (las pérdidas por impagados retrocedieron hasta situarse en el 2,3%.), se prevé que en 2008 dicho dato se coloque entre un 2,5% y un 3%. Pero, a parte del sector inmobiliario, existen otros sectores que, según fuentes de la aseguradora de Créditos y Caución (CyC),  pueden verse afectados por el aparente periodo de inestabilidad económica en el que nos encontramos. Aunque, según declaraba un portavoz de CyC, no hay que ser alarmista y considerar la llamada “crisis” como un periodo de ajuste natural de mercados, es cierto que hay sectores sobre los que hay que  estar especialmente atentos. Uno de ellos es el sector energético, el cual está experimentando un aumento de precios considerable.  Pero también la propia naturaleza del sector TI, al estar muy ligado al consumo, le convierte en un ámbito especialmente vulnerable. Aunque los últimos datos sobre la morosidad en este sector datan del 2006, no se han registrado, en opinión de la firma, cambios significativos desde entonces. Durante ese año el índice de incumplimiento de pagos empresariales registrado por CyC en el sector informático presentó un empeoramiento del 86%. La firma estima que los riesgos de impago en este sector se concentran por un lado en los fabricantes locales de hardware y, por otro, en los canales de distribución mayorista y minorista. Los mayoristas son, quizá, las más vulnerables a la hora de sufrir este tipo de situaciones debido a los plazos de pago extremadamente largos que sufren con sus clientes.  Mientras que las cadenas, grandes superficies o retailers no sufren directamente la mora de sus clientes, puesto que cobran al contado, los mayoristas dependen siempre de pagos aplazados. Además este desfase es algo habitual tanto en el ámbito corporativo como la administración pública. Los mayoristas admiten que, en general, la situación económica está provocando que muchos clientes no paguen puntualmente. Silvia Gómez Iglesias, directora financiera de Tech Data explica que “en nuestro caso estamos percibiendo que existen cada vez más retrasos a la hora de que nuestros clientes cumplan sus obligaciones con nosotros”. Aunque eso sí, la mayoría, aunque tarde, termina pagando. “El índice de  morosidad [volumen declarado de suspensiones de pago] que nosotros percibimos en 2006 fue de un 00,4%, volumen que eso se vio aumentado a un 00,8% en 2007”, sostiene Gómez Iglesias. Según estás cifras, los índices no son en ningún caso alarmantes, aunque no por ello hay que perder de vista la ligera tendencia ascendente. Suspensión de pagos
Un síntoma de que la morosidad sigue un ritmo creciente es el aumento de los casos de empresas que se declaran en suspensión de pagos. Un caso reciente ha sido el de Cofimán, el mayor fabricante de PC de sobremesa nacional, que presentaba a finales de marzo concurso de acreedores tras años de caídas continuadas de ventas. Según publicaba el diario económico Expansión, la deuda pendiente de la marca a finales de 2006 era de 20 millones de euros, una situación que no se logró mejorar en 2007 cuando sólo facturó 15 de los 50 millones previstos. Cofimán es el caso de una empresa informática española que, no pudiendo cumplir con sus obligaciones, se ha convertido en deudora. Otras, sin embargo, han llegado a la insolvencia precisamente por los impagos sufridos. Es el caso de Compucenter, que llegó a la quiebra por un importante impago procedente de Avanzit. Los analistas sitúan los orígenes de estas disoluciones en un fenómeno que está afectando profundamente al mercado español: el estrechamiento de márgenes. Aunque el caso de Cofimán ha tenido mucho que ver con la merma de los contratos con la Administración, según algunas interpretaciones, y con las conocidas desavenencias entre sus socios, había un tercer factor decisivo: la fuerte competencia de las multinacionales que, según la consultora GFK, está contribuyendo a reducir los márgenes y provocar la desaparición o fusión de pequeñas empresas en el sector informático español. CyC ya subrayaba la presencia de este fenómeno en su análisis sobre la morosidad en el sector informático. Según se traduce de su informe, aunque ha habido un crecimiento en el número de equipos vendidos por los fabricantes locales esto, ni ha estado a la altura  del experimentado por las multinacionales, ni ha venido ligado a un aumento equivalente de la facturación debido a la reducción de los márgenes. “Las causas para este ajuste hay que verlas en el alto nivel de competencia que registra el mercado. Cuatro grandes multinacionales controlan la mitad de la cuota de mercado de la fabricación en España”, rezaba el informe. Otro que tuvo problemas en 2006 fue PC Shopping, que tras sufrir un fuerte descenso de negocio (sus ingresos cayeron un 40%), se declaró insolvente en marzo de ese año. El caso de PC Shopping, empresa mayorista dedicada a la distribución de software, hardware y ensamblaje de ordenadores, es un ejemplo de que los fabricantes no son los únicos en sufrir estrechamiento de márgenes. Muy especialmente las empresas de distribución mayorista  sufren del mismo proceso. Según CyC, una salida para afrontar esa situación ha sido para estas empresas abrir sus líneas de negocio a productos de mayor valor añadido, principalmente en la electrónica de consumo. Impagos intencionados
Pero la crisis, el estrechamiento de márgenes y en definitiva la inestabilidad económica, no son las únicas razones para que una empresa alargue sus plazos de pago. Existen también las que no pagan, no porque no pueden, sino porque no quieren. Según Informa D&B, empresa suministradora de información comercial y financiera, aproximadamente el 35% de los impagos que se producen entre empresas son intencionados. Esto ocurre especialmente en nuestro país, donde esta práctica goza de una mayor aceptación social que en otros países. Dicho en otras palabras, en España deber dinero no está tan mal visto como en Dinamarca o Finlandia, donde los pagos se realizan puntualmente, no sólo por una cuestión legal, sino porque no hacerlo supondría una amplia reprobación pública. Se trata, por tanto, de un problema principalmente cultural. Los datos muestran que España está, en los hábitos de pago, en la cola de la Unión Europea. Mientras el período medio de cobro en la UE es de 54 días, este plazo se alarga hasta los 84 en el caso de nuestro país y puede extenderse a los 90 días en el caso específico de la pyme.
Pero existen otras dificultades añadidas. A las cuestiones culturales y coyunturales se suman otros problemas estructurales importantes. Para Luis Salvaterra, uno de ellos es la legislación en las prácticas de pago existentes en nuestro país donde los retrasos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no están muy penalizados. A pesar de que nuestro ordenamiento regula el plazo de pago en la última Ley de morosidad, su incumplimiento no implica castigos demasiado severos. En palabras de Salvaterra, “En España, el único que sufre los costes de la deuda es el acreedor”. Otro de los problemas es, en opinión de Salvaterra, la falta de profesionalidad en la concesión de crédito a las pymes. El director de Intrum Justitia Ibérica, estima que sería necesaria una mayor profesionalización en el sector con políticas de créditos más estructuradas.
Para los expertos de Informa D&B, estos riesgos se pueden prevenir con una adecuada planificación comercial y financiera, una estudiada política de cobros y una información adecuada que permita tomar mejores decisiones. Según David González, director financiero de D&B “es muy importante tratar de anticiparse a los problemas de impago antes de que sea demasiado tarde. Hoy en día disponer de toda la información necesaria y conocer al detalle al cliente antes de concederle el crédito es fundamental”.
La información ayuda, sin duda, a reducir los impagos e insolvencia, minimizar costes de reclamación de deudas y disminuir las necesidades de financiación. Entre la información que una empresa debería disponer sobre sus clientes está aquella de carácter financiero y comercial, así como la trayectoria que acumula como buen o mal pagador. Según los expertos, una empresa no debe, de hecho, tratar a todos sus clientes por igual, sino en función de su perfil. Además, resulta importante utilizar instrumentos de pago que permitan tener bajo control legal las transacciones que se realiza con cada uno de los clientes.
Otras fuentes de conocimiento que sirven de gran ayuda a la hora de tomar decisiones es la evolución del mercado en el que operan los clientes de la organización, sin olvidar la situación general del momento. Según los expertos de Informa D&B, existen pistas básicas que ayudan al empresario a detectar los posibles impagos. Entre ellas destacan las peticiones del deudor a la red comercial sobre la posibilidad de ampliar los plazos de pago, retrasar la entrega, o alegar diversas justificaciones para el retraso, como errores en facturas, devoluciones, etc.
•¿Cuáles son los plazos de pago medios en el sector informático?
Varía en función del peso de las ventas a las grandes cadenas de distribución y grandes corporaciones que imponen periodos de pago más dilatados. Puede oscilar entre los 45 y 80 días.
Considerando la demora como un retraso de más de quince días sobre la fecha de vencimiento, no más de un 25% de los clientes demoran el pago.
•¿Qué hace Diode en esos casos? </strong><br />
Por un lado, gestión del departamento de cobros. Si no da frutos, acción conjunta con departamento comercial y asociado, congelación de las facilidades de negocio. Si el asunto parece de difícil solución, visita conjunta ventas/administración al cliente, aviso de demora a la compañía de crédito y envío de expediente para su gestión por los abogados de la compañía de crédito.<br />
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•</strong><strong>¿Cuáles son las consecuencias del retraso de pagos para un mayorista? </strong><br />
Fundamentalmente costes financieros y de gestión. En la época de dinero barato, se compensaba comercialmente, pero con tipos de interés crecientes y márgenes muy ajustados, supone una carga importante en la cuenta de resultados.
<strong>•¿Ha registrado su compañía pérdidas por impagos en el último ejercicio? </strong><br />
Sí, por supuesto. Nuestro sector tiene continuas caídas de empresas, pero en cualquier caso no ha superado 0,05 % de la cifra de negocio. [Alrededor de 100.000 euros].<br />
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•¿Cuenta Diode con algún seguro que cubra los posibles impagos? </strong><br />
Toda nuestra facturación a crédito se encuentra asegurada por una póliza con Crédito y Caución.<br />
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•¿Cómo ve que ha evolucionado en los últimos años el índice de morosidad? </strong><br />
Tuvimos algunos años de bonanza, desde principio de siglo, coincidiendo con el ciclo económico positivo, pero el deterioro de la situación económica ha provocado menos alegrías y más tensiones. <br />
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•¿Por qué? </strong><br />
Las propias compañías de crédito han reducido drásticamente sus clasificaciones crediticias, lo que en definitiva se traduce en una menor exposición al riesgo y una maduración del mercado, eliminando competidores de dudosa capacidad.
<strong>Casos de empresas que en los últimos años han cerrado o suspendido pagos <br />
Marzo de 2008: <br />
Cofimán</strong>, el mayor fabricante de PC de sobremesa nacional entró en un proceso concursal de acreedores hace un mes y medio. La demanda pendiente a finales de 2006 de la marca era de 20 millones de euros, aunque no se conoce el balance al día de hoy. La compañía sólo consiguió cumplir en un 30% con el presupuesto 2007, que ascendía a 50 millones de euros.<br />
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Febrero de 2006: <br />
PC Shopping</strong> se declaraba insolvente reconociendo las nulas posibilidades de recuperarse. El mayorista e integrador facturaba alrededor de 40 millones de euros anuales y empleaba 25 personas. Sin embargo, la puntilla llegó en las navidades de 2005, cuando los ingresos se desplomaron un 40%. Esto, unido a la erosión de los márgenes dio al traste con la firma madrileña. <br />
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Verano de 2005: <br />
Otelcom</strong>, un mayorista de componentes y periféricos con 10 años de trayectoria a sus espaldas, una plantilla de más de 30 personas y más de 2.000 clientes en cartera, se esfumaba de un plumazo. Otelcom no llegó ni siquiera a entrar en suspensión de pagos y dejó un reguero de deudas a bancos y proveedores.<br />
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Junio de 2002: <br />
Naga</strong> se declaraba en suspensión de pagos en un Juzgado de Primera Instancia de Madrid. El mayorista arrastraba problemas desde que comienzos de ese año rompió la relación comercial con su proveedor estrella, el fabricante de monitores Proview, que en la práctica representaba la mitad de sus ingresos. <br />
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Noviembre de 1999: <br />
E</strong><strong>l mayorista tarraconense Sintronic</strong>, uno de los fabricantes de PC y <em>retailers</em> de referencia del mercado español en la década de los 90, se veía obligada a presentar suspensión de pagos debido a su fuerte endeudamiento. La compañía contaba con un pasivo de 19,83 millones de euros y un activo de 21,64 millones de euros. Los trabajadores habían remitido días antes un comunicado a los medios de comunicación en el que revelaban que los almacenes estaban vacíos y se había parado la producción.
