La BSA (Business Software Alliance), asociación en la que participan más de 70 fabricantes y proveedores del mercado español, continúa su cruzada contra los partners y empresas que utilizan o comercializan software pirata en nuestro país. Los últimos registros que han motivado ulteriores acciones judiciales han tenido lugar en una compañía gallega y otra catalana por presunta utilización y reproducción de software ilegal. La empresa catalana Grupo Prodegsa utilizaba material cuya cuya estimación económica oscila entre 40.000 y 80.000 euros, mientras que la gallega Sarpel Ingeniería usaba software por un valor de entre 100.000 y 150.000 euros.
“Las empresas que utilizan software sin licencia se exponen a una serie de riesgos muy graves. Si se detecta que una organización está usando software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro, lo que también puede derivar en significativos gastos adicionales. Otra serie de problemas derivados de la utilización de software sin licencia son la pérdida de datos, fallos críticos del sistema o una mayor exposición a ataques de virus informáticos y malware, así como daños a la reputación de la compañía. Una gestión prudente de los activos de software es crucial”, señala Carlos Pérez, socio de Écija, la firma legal de BSA en España.
El problema de la piratería de software necesita ser afrontado de forma clara en España. Según IDC, el 44% del software utilizado en los PC españoles fue pirateado en 2011 y, el año pasado, BSA alcanzó récord histórico de registros contra empresas por uso de software ilegal, con un aumento del 15% del coste para las compañías, pasando de 636.000 Euros en 2011 a 728,000 euros en 2012.
