España es uno de los países europeos con mayor índice de piratería de software de Europa (43%), y el canal de distribución tampoco se salva de la quema. La BSA, la asociación de proveedores de programas que con más ahínco combate este mal, encargó hace unos meses un estudio [es el primero de este tipo que se hace] a la consultora GFK para saber exactamente el comportamiento de las resellers locales, y el panorama es desolador: un 41% de los establecimientos venden de forma fraudulenta. Asimismo, un 34% de los puntos de venta [fueron visitados por sorpresa 460, entre ellos distribuidores para la pyme y la gran cuenta] exclusivamente incluyen en su catálogo programas piratas. Mal asunto, toda vez que si el distribuidor, que es la referencia del usuario, es incapaz dar ejemplo, las cosas difícilmente cambiarán. Las averiguaciones de GFK, que se hicieron entre febrero y abril de este año, también revelan que el fraude es mucho mayor en el sur del país (Andalucía y parte de Extremadura), donde sobrepasa el 60%, que en el noreste y este (básicamente Cataluña, Levante y Zaragoza), donde ronda el 30%. En el centro (Madrid y las dos Castillas) se sitúa muy cerca de la media nacional.
Según la BSA, la distribución recurre al pirateo para ganar artificialmente una ventaja competitiva. La organización se lamenta de que el software no constituya un elemento diferenciador en la oferta y simplemente se presente como un complemento al hardware, que es un segmento de producto que sufre mucho más la estrechez de los márgenes y donde el revendedor no tiene mucha oportunidad para desplegar servicios y formación. Refuerza todo esto el hecho de el canal tampoco escapa al desprecio que existe en España por los derechos de autor. Emilio Quiroga, representante de Microsoft en la BSA, se lamenta de que el canal opte por entrar de lleno en la piratería, en vez de intentar cambiar un modelo de negocio que a medio y largo plazo está condenado a naufragar. La asociación ha calculado que una reducción del índice general de fraude de 10 puntos conllevaría un crecimiento del negocio del software en España del 60%, lo que, sólo en impuestos, se traduciría en 500 millones de euros extra para Hacienda. Luis Frutos, presidente del Comité BSA en España, reclama una movilización por parte del canal que opera ajeno al fraude, aunque reconoce que muchos no actúan para no ser considerados unos acusicas. “Hay un suicidio colectivo por evitar ser un chivato”, reconoce Frutos.
