El maltrecho negocio de la informática, con márgenes exiguos, sobre todo en el ámbito mayorista, puede ser un pastel mucho más apetitoso si se puede ganar un 16% más. ¿Cómo? Defraudando a Hacienda. CHANNEL PARTNER ha hablado con la Guardia Civil y con varios agentes del sector acerca del fraude del IVA en este negocio, un tema del que muy pocos se atreven a decir palabra, pero del que todo el mundo conoce su existencia. Las declaraciones del cuerpo de seguridad son contundentes, porque desde la Unidad de Delitos Económicos han afirmado que más del 90% de los mayoristas españoles [involucrados en el negocio de integración de PC, periferia y consumibles] evaden el impuesto de valor añadido.
Y es que, según la Guardia Civil, la situación llega hasta tal punto que un distribuidor que cumpla con Hacienda es incapaz de mantener a flote su empresa, debido a los precios inferiores de los competidores que defraudan. La pérdida de competitividad y la norma de negocio obligan a muchas compañías a entrar en la red del fraude para conseguir mantener el tipo. La evasión del impuesto de valor añadido se extiende también a otros países de la Unión Europea, gracias a que el distribuidor no está obligado a pagarlo en origen en las operaciones intracomunitarias de bienes, sino que puede hacerlo en destino. Se trata de un asunto serio porque el canal de distribución se está lucrando a costa de pegarle un buen bocado a Hacienda, lo que a su vez desvirtúa las leyes del mercado y pone muy difícil las cosas a aquellos que optan porun negocio limpio basado en la provisión de servicios ir al presupuesto europeo.
La del IVA es una evasión muy difícil de erradicar porque los delincuentes se las ingenian para no dejar el más mínimo rastro. Hay dos mecanismos (al menos conocidos) por los que los actores informáticos evaden el impuesto de valor añadido. El primero es el de la trucha. El fabricante de los productos informáticos, cuyas fábricas están instaladas por norma general en Asia, introduce la mercancía en Europa por el puerto de Ámsterdam. Es en Holanda donde se compran dichos productos para distribuirlos posteriormente en sus respectivos territorios nacionales. Como las operaciones intracomunitarias de bienes no obligan a que se pague el IVA en el país en el que se compran los productos, los mayoristas salen de Holanda con la mercancía sin haber abonado la tasa del 16% exigido y sin la intención de hacerlo en el destino. El caso es que este mayorista o distribuidor que compra en Holanda es una empresa fantasma, sin empleados ni mobiliario, tan sólo con unas cuentas en el banco cuyo titular suele ser una persona ajena al negocio, bien un indigente, un extranjero o un desahuciado al que posteriormente la justicia no puede pedir responsabilidades. Esta empresa “fantasma” se denomina trucha en la jerga policial. La trucha le vende al mayorista nacional el material informático, y en la factura de dicha operación aparece el pago del IVA, pero no es más que una estratagema, porque el mayorista local paga el mismo precio por el producto que la empresa instrumental ha pagado en Holanda, sólo que ésta baja el precio real un 16%, con el objetivo de que en la factura conste que el mayorista español ha pagado el impuesto de valor añadido y que es legal. Nada más lejos de la realidad. El caso es que la empresa ficticia, que suele crearse el mes de diciembre y se disuelve en el plazo de un año, desaparece sin dejar rastro en Hacienda y, por supuesto, sin haber pagado el IVA. Cuando la Agencia Tributaria detecta esta infracción ya en junio del ejercicio siguiente- busca al propietario, que resulta ser una persona que no tiene idea de la trama. Se trata de una estrategia del mayorista nacional que busca evadir este impuesto y a su vez lavarse las manos de cara a Hacienda. Y es que las firmas establecidas eliminan cualquier rastro que vincule ambas partes, con lo que la Guardia Civil tarda años en descubrir a los delincuentes que, en el peor de los casos que nunca llega a darse-, se enfrentan como mucho a cinco años de prisión y a multas milmillonarias que no llegan a pagar [se declaran insolventes aunque suelen tener las cuentas en paraísos fiscales de manera que no se pueden intervenir]. En definitiva, según el cuerpo armado, a muchas compañías les resulta más que rentable defraudar el IVA, porque los riesgos son bastante pequeños en comparación con la tajada que pueden sacar.
La segunda fórmula para burlar el pago del impuesto de valor añadido es bastante más compleja que la primera puesto que entran en juego varios países de la UE. Se trata de los carruseles de IVA, operaciones circulares en las que el mayorista (con sus facturas falsas de su relación con la empresa “trucha”) revende los productos que ha comprado a otro mayorista comunitario que tampoco paga el IVA en origen (en este caso España). Así, el mayorista español pide a Hacienda que le devuelva el IVA soportado porque no se lo puede cobrar al mayorista comunitario, por lo que, además de no haber pagado el impuesto originariamente, obtiene un dinero extra de Hacienda. Con esta técnica se forman redes en cuatro o cinco países de la UE, mediante lo que se consigue dinero de las respectivas agencias tributarias de esos países. A veces, ni siquiera es necesario mover la mercancía, porque terminará vendiéndose finalmente en España, el origen del bucle.
Lo cierto es que es difícil dar cifras acerca de la situación actual del fraude informático en este país porque, aunque su vigencia se detecte en los precios del material informático (bastante más baratos que los establecidos por el canal oficial del fabricante en cuestión) y se pueda intuir qué actores están defraudando, el volumen de negocio depende de los productos y de su importancia en cada mayorista. Según Pedro Quiroga, director general de MCR, “el 40% del mercado es fraudulento, lo que provoca que el sector, con muchos mayoristas, sea irreal porque hay demasiados pasos hasta que el producto llega al usuario final. Santiago Marín, director de Central Hardsoft, una central de compras que negocia la adquisición de productos informáticos de más de 200 minoristas, sitúa el fraude en el 50%. Sin embargo, José Luis Montes, director general de la consultora Transcend, considera que el fraude del IVA representa tan sólo un 1 o un 2% del negocio informático español, porque se reduce a algunos de los componentes de los PC ensamblados en territorio nacional. No obstante, no es moco de pavo lo que tienen los defraudadores entre manos. Si tenemos en cuenta que la facturación total del negocio informático en España en 2003 fue de 13.000 millones de euros, según la patronal del sector AETIC, se supone que 130 millones de euros fueron fraudulentos. Aunque desde la Guardia Civil fueron rotundos al afirmar que el fraude afecta a casi todos los productos informáticos, en el canal se muestran menos tajantes y sitúan el pirateo sobre todo en microprocesadores, discos duros, memoria y, por consiguiente, en el negocio local del ensamblaje de ordenadores. Aunque también se da en consumibles, en integración y en pantallas TFT. Pero todos señalan a la fabricación de PC como el origen del fraude.
En la actualidad hay dos operaciones judiciales abiertas por fraude de IVA en el sector. Una de ellas es la famosa “Fortuna-Cebados”, que comenzó en el 2000 y sigue abierta en la Audiencia Nacional debido a la evasión de 60 millones de euros (10.000 millones de las antiguas pesetas) por parte de empresas instrumentales y testaferros. En el verano del 2001 se realizaron 19 registros y se puso en el punto de mira a 60 sociedades diferentes. Pero, al ser delitos blancos (que no implican agresión), no son operaciones que cuenten con un gran número de efectivos para investigarlas, lo que hace que se tarde años. A esto hay que sumar la dificultad que supone que los nexos entre los testaferros y los mayoristas no existen o están muy ocultos, y que la Guardia Civil carece en muchos casos de competencias para investigar las cuentas y bases de datos oficiales.
En un panorama en el que la guerra por los precios es la tónica, los mayoristas que quieren cumplir sus obligaciones económicas con el Estado se las ven negras para, como decía la Guardia Civil, subsistir. El dirigente de un mayorista local, que prefiere en este caso mantenerse en el anonimato, incluso piensa que, con el tiempo y dado que ve imposible la llegada del fin de este fraude, las empresas que pagan el IVA religiosamente se verán relegadas a cerrar. De hecho, algunas ya lo han hecho acuciadas por la inexorable pérdida de cuota de mercado. Por mucho que se plantee la necesidad de bajar los precios para continuar con el negocio, se llega a unos límites insostenibles para la salud financiera de las compañías. Llegados a este punto de inestabilidad, los mayoristas tienen dos opciones: cerrar o subirse al carro del fraude. Los actores que continúan contribuyendo el IVA a Hacienda buscan vías alternativas. Quiroga dice que desde MCR hacen frente a esta situación mediante servicios RMA (que no se prestan en las empresas trucha), ofreciendo continuidad de productos y manteniendo una estrecha relación con el fabricante. Aún así, las posibilidades de éxito son escasas y el canal se resigna a que las ventas y políticas serias de trabajo para posicionarse en el mercado fracasen debido a la competencia feroz de los defraudadores de IVA. Quiroga apela a la profesionalidad de sus compañeros para no jugar con cartas sucias y que así se pueda terminar con los piratas. Para más inri, los mayoristas tienen la percepción de que desde las instituciones públicas no se está haciendo todo lo que se debería. Santiago Marín, de Central HardSoft, considera que la preocupación porque suba la inflación es un punto significativo a tener en cuenta a la hora de comprender la inoperancia de las instituciones públicas. En contraposición, la Guardia Civil explica que hay escasos efectivos dedicados a los delitos económicos y con pequeñas competencias. El cuerpo armado es el único que tiene labores preventivas y paliativas, mientras que Hacienda no puede investigar ni demostrar nada, tan sólo poner los datos fiscales sobre la mesa cuando detecta irregularidades. Una vez que las irregularidades han salido a la luz, la Guardia Civil necesita una querella de la Agencia Tributaria, una denuncia y una orden judicial para poder actuar. Entonces hay que saber de dónde proceden los productos fraudulentos, a quién se les han vendido y cuál ha sido la defraudación. Acto seguido hay que encontrar al defraudador, es decir, el dueño de la empresa instrumental y ver las condiciones en que está la misma: aquí es cuando se descubre que no tiene trabajadores ni almacenes, pero que sí ha importado y vendido mercancías. El eslabón más complejo empieza aquí, cuando hay que localizar al responsable de hecho, lo que les lleva directamente al mayorista que dice ser legal.
El fraude del IVA es un problema que va más allá de Hacienda y de los mayoristas piratas, llegando a dirigir el cauce del mercado. Montes distingue dos tipos de implicados en esta arquitectura fraudulenta: los activos y los pasivos. “Por un lado están los que dedican sus esfuerzos a crear y promover esta situación porque su negocio se basa en ello. Por otro, los que aceptan formar parte de la cadena para no quedarse fuera del mercado porque no serían competitivos y muchos de ellos carecen de recursos para salirse de este círculo vicioso por su situación de tiendas pequeñas”. Y es que, en palabras de Santiago Marín, el mercado español “quiere precio y sólo precio y, al final, todos [pequeños distribuidores, empresas estándar de informática y centrales de compra] por necesidad o por temor nos nutrimos de ello”. Y es que, comprando a precios más bajos (y pagando siempre el 16% del IVA), la pequeña tienda puede ampliar su margen de negocio y también conseguir una mayor cartera de clientes. De paso, el usuario final también se beneficia del asunto porque compra a unos precios económicos.
No hay mayor certeza para cualquier negociante que aquella que le dicta seguir las tendencias del mercado para no ir a río vuelto y quebrar. Por lo que es muy difícil salirse del círculo vicioso del fraude del IVA ya que está muy asentado, es la rutina. Además, no sólo repercute en la cadena de ventas, sino que destruye el negocio de la integración (que puede llegar a suponer el 40% de los ingresos de una central de compras). Por otra parte, si se da el caso de que un distribuidor compra directamente de la empresa “trucha”, y la mercancía tiene que entregarse el mes en que ésta se disuelve, el distribuidor puede quedarse sin el dinero y sin el pedido. En este caso, en cuanto al RMA es mejor ni hablar porque no se garantiza.
Si en lo concerniente a otros asuntos, como puede ser el porcentaje de negocio informático fraudulento o a los productos a los que afecta el fraude del IVA, los profesionales que han respondido a las preguntas de CHANNEL PARTNER acerca no han logrado ponerse de acuerdo, ha existido unanimidad entorno a las posibles soluciones que terminarían de una vez por todas con esta lacra en el sector mayorista. “Lo primordial es un cambio en la legislación europea porque este problema afecta a otros muchos sectores, como al de la alimentación y al de los automóviles”, como decía José Luis Montes, de la consultora Transcend. Es decir, que la ley intracomunitaria obligue a pagar el IVA en origen y no en destino. Pero además se lanzan al aire alternativas para paliar los efectos hasta que este cambio legislativo no se produzca. Desde la Guardia Civil piden que se aumente el número de agentes destinados a luchar contra los delitos económicos, para poder hacer mayor presión sobre los defraudadores, y también exigen una mayor capacidad a la hora de poder investigar en las bases de datos oficiales de tráfico económico. Desde Central HardSoft, Santiago Marín demanda a los fabricantes “mano dura, toda vez que no participan en él pero lo consienten porque así son números uno”. Y continúa: “Hacienda debería crear una oficina de denuncias y hacerles caso para poder encerrar a los delincuentes, cerrar sus empresas y tirar la llave al mar”. Pedro Quiroga, de MCR, demanda un mayor control en el país, que se sigan los expedientes con regularidad y que los jueces se tomen el tema en serio porque “nadie ha hecho nada por evitarlo”.
Y es que, como se lamentaba Marín, “Hacienda somos todos, pero yo estoy harto de pagar y que otros se lo lleven”.
En medio de esta vorágine, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de prevención contra los delitos fiscales (que originariamente era un plan de lucha, y no de prevención) que se desarrollará a lo largo de 2005. Con él, el ejecutivo pretende ser más incisivo en la investigación de las tramas del fraude del IVA cambiando la orientación de las actuaciones inspectoras hacia la investigación. El plan contempla que se hagan más actuaciones de control, que a su vez serán más próximas al momento del hecho imponible, reforzándose las medidas para el cobro de la deuda descubierta. Sin embargo, la asociación de inspectores de Hacienda considera que es imposible de aplicar con los medios existentes en la Agencia Tributaria. Estos profesionales están molestos porque no se contempla una dotación adicional de recursos para ponerlo en marcha. Asimismo, tampoco se creará una policía fiscal, ni se reforzará el servicio jurídico, ni siquiera se les otorgará potestad para investigar cuentas corrientes sin notificación a su titular. Así, los inspectores consideran que las medidas del plan son limitadas porque se ciñen al ámbito organizativo y renuncia a los cambios fiscales más profundos y a una nueva estructura de la Agencia Tributaria.
