Ha sido una demanda histórica del sector, pero la persecución del impago del IVA sigue siendo tímida. Ahora las cosas pueden empezar a cambiar.
El fraude fiscal proveniente del impago del IVA supone, junto a la piratería informática, la mayor sangría de ingresos del sector informático. Además, desvirtúa claramente las reglas de juego del negocio, perjudicando a aquellos distribuidores que se mantienen en la legalidad y que apuestan por una fórmula de trabajo honesta. Lo paradójico es que muchas veces el problema y su raíz, las empresas que actúan fraudulentamente, están bastante localizados. En petit comité muchos mayoristas y distribuidores son capaces de indicar, con nombres y apellidos, las personas y entidades que pervierten el juego limpio comercial, aunque si se les pide que lo hagan público se achican. La falta de pruebas a la hora de denunciar a los supuestos evasores del impuesto o a las empresas que ponen en el mercado programas no originales, unido a lo que Luis Frutos, presidente de turno de la BSA, llama “complejo del acusica”, un sentimiento pueril que impide al distribuidor honesto dar el primer paso en una denuncia, hacen que casi siempre estas delaciones se queden en el calor de una conversación y no trasciendan. Es por ello por lo que durante muchos años el sector, carente de la convicción necesaria para poner en evidencia a los que pervierten el negocio, o muchas veces sin medios materiales y sin tiempo para entrar en batallas legales o policiales, ha visto en el Estado, y concretamente en los inspectores de la Agencia Tributaria y en los cuerpos de seguridad, el aliado perfecto para clarificar la situación.
En este sentido, las buenas noticias llegaron a finales de 2004, cuando el departamento económico flamante Gobierno del PSOE lanzó un ambicioso plan de prevención del fraude. Concretamente, en las vísperas de las navidades de ese año, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda, presentó un borrador con 300 medidas que tenían como objetivo impulsar la investigación, las actuaciones en la calle y la búsqueda de nuevas fuentes de información que permitieran descubrir rentas no declaradas. El ministerio hizo mucho hincapié en la necesidad de plantar cara a las tramas dedicadas a la evasión del pago del IVA, que suponen una sangría de ingresos irreparable sobre todo en sectores como el automovilístico, la telefonía, la electrónica y la informática. Para cortar esta hemorragia el plan se planteaba el establecimiento de la responsabilidad conjunta de distribuidores y compradores implicados en este tipo de delitos o la posibilidad de limitar los traslados artificiales de gastos e ingresos entre sociedades del mismo grupo. En febrero de 2005, la versión definitiva este plan de actuación fue presentada por el ministro de economía Pedro Solbes. La Agencia Tributaria se comprometía a extremar las actuaciones de control del fraude y a que estas fueran más próximas al momento de comisión del delito.
El plan del Gobierno fue elaborado siguiendo las recomendaciones de más de 20 informes procedentes de diferentes organizaciones. Esta voluntad de colaboración se materializó en noviembre pasado con la firma por parte de la Agencia Tributaria de sendos acuerdos con la BSA y AETIC para colaborar en la prevención del fraude y la piratería tanto en los ámbitos del software y como de la telefonía móvil. Según la patronal AETIC, Hacienda deja de ingresar por el IVA de los teléfonos móviles entre 12 y 15 millones de euros anuales. En este ámbito, como en el informático, lo que funciona es un procedimiento denominado trucha. Esto consiste en importar un equipo de un país de la UE a través de una operación exenta de IVA. Más tarde este equipo es revendido en España repercutiendo el impuesto al cliente, pero sin que el distribuidor realice el ingreso correspondiente a Hacienda. Como consecuencia del acuerdo con la Agencia Tributaria, AETIC, que buscará la adhesión de mayoristas y minoristas, se ha comprometido a informar sobre la evolución de precios del mercado, la forma de operar de los agentes y otros parámetros que ayuden a detectar posibles fraudes.
Por su parte, el acuerdo de la BSA y la Agencia Tributaria contempla la creación de una comisión mixta (formada por tres personas por cada parte) que establecerá los mejores criterios de actuación para erradicar el fraude fiscal y la piratería de programas, que es especialmente sangrante en el canal de distribución. No obstante, por el momento estos acuerdos no van más allá de meras declaraciones de intenciones. Desde la BSA, Luis Frutos asegura que esta colaboración se traducirá en “acciones y medidas concretas” que se van a ir conociendo y anunciando los próximos meses. “Además, se crean una serie de canales de información entre ambas entidades y se establece un marco operativo de colaboración y formación sobre aspectos legales, fiscales y técnicos”, dice Luis Frutos. La BSA calcula que con una reducción de la piratería de 10 puntos, lo que pondría España al nivel de la media europea, el Estado recaudaría más de 500 millones de euros adicionales en concepto de IVA y otros impuestos. Para poner al día a los profesionales de la Agencia Tributaria sobre esta lacra, BSA está organizando cursos y seminarios específicos.
Aunque el trabajo de la Inspección Financiera y Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda es arduo y muchas veces tiene que ver con buscar una aguja en un pajar, también da sus frutos año a año. En 2004 el trabajo de los inspectores de la Agencia Tributaria, que dirige Luis Pedroche, supuso la recuperación de 16.371 millones de euros, un 11,5% de la recaudación total que llevó a cabo ese año este organismo, que ascendió a casi 141.000 millones de euros (22 billones de las antiguas pesetas). Según una nota del propio Ministerio de Hacienda, ese año se enviaron expedientes de delito fiscal a los tribunales por un importe superior a los 1.000 millones de euros. No obstante, las mayores partidas en el capítulo de recuperaciones correspondieron a los ajustes en las liquidaciones de impuestos (9.012 millones de euros) y el contrabando, que incluye las aprehensiones de droga y que supuso un retorno de 6.307 millones de euros a las arcas del Estado español.
