Los gobiernos son cada vez más conscientes de los problemas que para el medio ambiente genera la contaminación y la acumulación de residuos. No en vano, un estudio realizado por la fundación Ecotic, PriceWaterhuseCoopers y Aetic estima que para 2010 habrá más de 100.000 toneladas de residuos de aparatos de electrónica de consumo en España (esta cifra crece a un ritmo medio de 5.000 toneladas al año). Para sanear el panorama, los distintos ejecutivos nacionales están aprobando una serie de medidas que pretenden evitar los efectos perversos de tal acumulación y que afectan directamente a los fabricantes de ordenadores, periféricos y componentes eléctricos. La consultora Gartner advierte de que estas compañías necesitan invertir en investigación y desarrollo con el objetivo de hacer que sus productos cumplan con estas regulaciones. La directiva europea que restringe la inclusión de sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio o el cadmio en aparatos eléctricos (RoHS), que entró en vigor el primero de julio, o regulaciones del mismo tipo en China que entrarán en vigor en marzo de 2007, son ejemplos de normas con las que los principales fabricantes del mercado deben contar si quieren que sus productos sean comercializados en estos países. Meike Escherich, analista de la firma de mercado, advierte de que los fabricantes deben adaptarse y adelantarse a esta legislación con el objetivo de evitar problemas de producción. Una fabricación de productos que no cumplan con la normativa “puede producir aumentos en los inventarios, cuya consecuencia serían recortes de precios, como ha sucedido en Europa con la entrada en vigor de la directiva RoHS”, explica la analista.
Actualmente, sólo el 43% de los PC instalados en el mundo están afectados por la normativa RoHS, un texto que no encuentra eco en EEUU, Oriente Medio y otros países. Sin embargo, desde Gartner piensan que la normativa RoHS tendrá un impacto mundial en los fabricantes de componentes, ya que no les es rentable mantener una cadena de producción que cumpla con las normativas y otra que no lo haga. La analista de Gartner está convencida de que los componentes que no cumplan con la legislación serán eliminados gradualmente de la cadena de suministros, por lo que las compañías tendrán que dejar de producir sistemas que los incorporen.
En nuestro país es el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, el que establece la normativa sobre reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la gestión de sus residuos. El ámbito de la ley es amplio y propone sistematizar la recogida y aprovechamiento de todo tipo de aparatos que funcionen gracias a la corriente eléctrica o los campos magnéticos. Además, exige que los aparatos estén fabricados sin incluir peligrosos metales como el plomo, el mercurio, el cadmio o el cromo hexavalente.