Según publica el diario El País haciendo referencia a cifras de la Comisión Europea, España no está gastando gran parte de los fondos de recuperación de los que dispone. En 2022, el Gobierno solo gastó unos 5.200 millones de euros, una quinta parte de los presupuestado para todo el año. En 2021, el gasto alcanzó los 2.400 millones de euros. En total, son 7.600 millones de euros consumidos, una quinta parte de los 37.000 millones que ya se han recibido.
Hay que recordar que el fondo de recuperación para combatir la pandemia, llamado Next Generation, estaba dotado de un total de 69.000 millones de euros. Por lo que las autoridades tendrán que hacer un esfuerzo extra para aprovechar este caudal monetario, destinado sobre todo a la transición ecológica y la digitalización de la economía.
La complejidad de los proyectos, sobre todo los que tienen que ver con la modernización de los organismos públicos, y la burocracia que conlleva pedir las ayudas, así como la necesidad de aportar pruebas de que los fondos son correctamente usados (como en el programa Kit Digital), explican en parte este desfase entre lo presupuestado y lo gastado hasta la fecha. Los procesos son estrictos para evitar el malgasto y la corrupción (así lo dejaron claro los socios europeos en la negociación de los fondos), y por lo tanto lentos.
El objetivo de gastar 20.000 millones al año no se va a cumplir
El objetivo inicial del Gobierno de gastar los fondos a razón de unos 20.000 euros al año, con el fin de concentrar todas las inversiones en esta legislatura, al final no va a poder ser. Máxime cuando Pedro Sánchez acaba de anunciar la convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio.
Una decisión que, además, afectará en mayor o menor medida a la gestión de los fondos europeos, puesto que una entidad como Red.es, por ejemplo, encargada de articular el programa Kit Digital, dotado con más de 3.000 millones de euros y que pretende modernizar más de un millón de pymes y autónomos, depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y un cambio de Gobierno supondría el relevo de su equipo directivo.
Según publica El País, Bruselas pide a España más capacidad administrativa para agilizar la concesión de las ayudas directas y también los otros 84.000 millones de euros a los que pueden acceder las empresas a través de créditos. Además, en algunos sectores faltan profesionales para sacar adelante esta ola de innovación. Y también hay licitaciones que están quedando desiertas por las subidas de costes, sobre todo en el sector de la construcción.
