La definición del nuevo Plan General Contable, cuya aprobación está prevista para finales de 2007 con el fin de la normativa entre en vigor a comienzos de 2008, está levantando ampollas en las patronales y confederaciones de empresarios. Tres millones y medio de empresas están obligadas a adaptarse a una reforma que, teóricamente, trata de conseguir un lenguaje financiero común con el resto de mercados internacionales. Sin embargo, la CEOE, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y el propio Banco de España han criticado con dureza al ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que depende del Ministerio de Economía) por haber echo caso omiso a sus recomendaciones.
Estas entidades se quejan de que la adaptación del nuevo texto legal a la normativa internacional es deficiente y de que supone una mayor complejidad para las empresas, que sufrirán de inseguridad jurídica y soportarán costes más altos. Concretamente, el CEIM alega que es posible que la mayor parte de las compañías acaben por incumplir la normativa simplemente porque no la entienden. En este sentido, el sector empresarial español se queja de la mala traducción que se ha hecho de las Normas Internacionales de Contabilidad, lo que perjudica a su correcta aplicación. . Por su parte, el ICAC alega que la reforma aún no está cerrada. El periodo de consulta pública, en el que las empresas pueden presentar sus comentarios públicamente, finaliza el próximo 6 de septiembre y se abrió a principios de julio, una decisión también criticada por tratarse del período vacacional.
A buen seguro, los fabricantes de software de gestión y el canal que los implanta están siguiendo con mucho interés todo este proceso, ya que, cabe recordar, que la nueva normativa provocará la necesidad de actualizar el software informático que soporta la contabilidad de las empresas, en concreto, los ERP y las aplicaciones financieras.
