Cataluña ha sido históricamente uno de los motores económicos de España. El desarrollo que tuvo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, fue paralelo a la consolidación de una burguesía industrial y comercial y de una sociedad civil que lograron convertir la región en la más vertebrada del país durante décadas. Este empuje llega hasta el día de hoy, aunque las diferencias con respecto a otras zonas del territorio español ya no son abismales y en algunos casos se han reducido a la mínima expresión. De hecho, Cataluña se disputa hoy con Madrid el liderazgo económico. Según los últimos datos, ambas comunidades autónomas tienen un peso muy parecido en el PIB (en torno al 18% y cerca de 200.000 millones de euros anuales). En las últimas décadas, la región, y sobre todo el cinturón industrial barcelonés, ha sufrido los rigores de la globalización, con la deslocalización creciente de la producción en busca de menores costes y mano de obra más asequible. Este proceso ha mermado las posibilidades de la industria manufacturera y electrónica que durante la segunda parte del siglo pasado se asentó en la región. En 2010, el cierre de la fábrica de Sony Viladecavalls (Barcelona) supuso el último capítulo del desmantelamiento de la industria electrónica, un proceso iniciado a principios de los 90. En 20 años, Grundig, Sanyo, Samsung, Panasonic, Braun o Pioneer, además de HP, que mantiene el diseño y el I+D de grandes impresoras en Sant Cugat, pero que también trasladó su fabricación a Asia, han salido de Cataluña en busca de costes más bajos. También ha sufrido en los últimos tiempos otra de las industrias clave del entorno barcelonés: la de la automoción. En los últimos tiempos, al cierre de las fábricas de Honda y Yamaha se han unido los problemas de la planta de fabricación de Derbi, propiedad de grupo italiano Piaggio. También Seat, buque insignia de la industria automovilística catalana, ha tenido que afrontar fuertes ajustes debido a la crisis y a la reducción de las ventas de coches, aunque la decisión de empezar a fabricar el Audi Q3 en la fábrica de Martorell desde el pasado verano ha dado un cierto respiro a la compañía y a los cientos de empresas que viven indirectamente de este negocio. También fue un alivio la decisión de Nissan de asignar a la planta de la Zona Franca de Barcelona la fabricación de la nueva pick-up de la compañía, lo que garantiza el mantenimiento de la actividad en la fábrica en la próxima década. En cualquier caso, como dice Guillermo Arbelo, director de canal de Arsys, un proveedor de servicios que cuenta con 4.000 distribuidores en la región, la única aspiración del sector industrial más tradicional es hoy “mantenerse, pero no crecer, por lo que su peso dentro del tejido productivo catalán va a ir disminuyendo”.
La telefonía echa raíces
Precisamente, en esta caída ve el directivo de Arsys una oportunidad para el sector tecnológico, que podría coger el relevo del segmento industrial en el medio y largo plazo. Una de las iniciativas estrella para facilitar esta transición ha sido la puesta en marcha del proyecto 22@Barcelona, que tiene como objetivo convertir en el suelo industrial de Poblenou, en el centro de Barcelona, en un distrito tecnológico donde trabajen más de 150.000 profesionales (por el momento lo hace un tercio). En el ámbito de las nuevas tecnologías, ha aparecido, además, un movimiento emprendedor interesante alrededor de las aplicaciones móviles para iOS o Android, así como en torno al marketing digital. Adicionalmente, y para apuntalar esta tendencia, Barcelona se convierte cada invierno en capital mundial de la industria de la telefonía móvil al acoger el Mobile World Congress, que congrega a más de 60.000 profesionales y varios miles de consejeros delegados de las firmas más importantes del planeta. Además, el evento deja a la ciudad más de 200 millones de euros. En cualquier caso, el peso de Cataluña en el sector informático y de las comunicaciones nacional es ya de por sí relevante. Es claramente el segundo mercado regional, aunque la distancia con el primero, Madrid, es significativa. Según datos de Ametic, en Cataluña tienen sede 5.200 empresas del hipersector de las TIC, un 21,3% del total de las que operan en España. De ellas, 3.200 son firmas de informática, un 22% del total. En términos de empleo, las 43.000 personas que trabajan en la región en el ámbito informático también suponen un 22% del total nacional. En el subsector de las telecomunicaciones, Cataluña acoge a 42 compañías, un 22,5% del total.
Las asignaturas pendientes
Según distintos indicadores consultados por esta publicación, Cataluña también está por encima de la media nacional en aspectos como el equipamiento tecnológico, las posibilidades de conexión a Internet, el e-commerce o la administración electrónica. Sin embargo, tiene importantes retos pendientes. Como en el resto de España, las empresas están suficientemente equipadas (ordenadores, conexión a la red o página web propia), pero muy pocas compran y menos aún venden a través de Internet (solo un 16% de las de más de 10 empleados vendían online en 2009, según Telefónica). Fuentes de Sage, proveedor que acaba de trasladarse al Distrito 22@ de Barcelona y que también ha abierto un centro de I+D+i en Sant Cugat del Vallés, con una inversión conjunta de casi dos millones de euros, hablan de los retos pendientes de las compañías locales: “El grado de adopción tecnológica está por encima de la media, pero aún no se aprecia el beneficio de adquirir otro tipo de tecnologías como la e-factura, el uso de Internet, los dispositivos móviles y las redes sociales”. Además, como recuerdan desde Arsys, las pymes catalanas ahora se encuentran con el problema añadido de la falta de liquidez y de crédito, lo que penaliza sus posibilidades de seguir innovando.
Panorama variopinto en los ayuntamientos
La crisis y las severas políticas de austeridad que en los dos últimos años aplica con rigor el Gobierno central y el nuevo ejecutivo autonómico de Artur Mas también están dificultando la modernización tecnológica de la administración. Fuentes de Sage confirman que los consistorios tienen paralizadas muchas inversiones en este campo. Sin embargo, recuerdan que para los municipios, las TIC son parte de la solución y no del problema. También aseguran que la gestión electrónica supone un ahorro de hasta dos euros por factura emitida, evita archivos físicos y es ecológicamente sostenible. “En materia de e-administración, muy pocos de los 946 municipios de Cataluña pueden cumplir con la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de las Ciudadanos a la Administración Pública. Los grandes ayuntamientos y algunas diputaciones han dado un salto cualitativo en inversión en la última década, pero muchas entidades están casi igual”, dicen desde Sage. No hay que olvidar que Barcelona ha iniciado proyectos pioneros en el ámbito de las ciudades inteligentes, así como en el del open data, que pone a disposición del tejido empresarial y de la sociedad desarrollos e información de las administraciones públicas con el objetivo de mejorar los servicios al ciudadano. Desde Arsys, Guillermo Arbelo recuerda, en cualquier caso, que el panorama de la administración local en la región es bastante variopinto, pues solo hay 64 consistorios (de casi 950 en total) con más de 20.000 habitantes. “Nos encontramos algunos ayuntamientos que están intentando entrar en la cultura de la smart city y el Internet de las cosas, y otros que no disponen ni de acceso de fibra”.
La Generalitat rompe moldes
Donde sí se van a mover las cosas en los próximos meses, y mucho, es en la administración autonómica. Acuciada por la necesidad de reducir su gasto (hace unas semanas, las comunidades se han comprometido a recortar este año más de 18.000 millones de euros para llevar su déficit al 1,5% del PIB), la Generalitat está renegociando desde finales del año pasado sus contratos tecnológicos. En noviembre pasado, el Ejecutivo de Artur Mas definió un nuevo modelo de contratación con el objetivo de reducir 200 millones el presupuesto anual en TIC de la entidad (pasando de 600 a 400 millones de euros aproximadamente). En estos meses, a través de los denominados “diálogos competitivos”, el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) ha estado viendo las propuestas de hasta 34 empresas o UTE que, además de dar una solución técnica para el presente, han ofrecido un modelo para la transformación futura de las infraestructuras tecnológicas bajo el dominio de la entidad. A finales de junio está previsto que la Generalitat adjudique definitivamente los contratos, que se englobarán en cuatro áreas distintas: conectividad y servicios de telecomunicaciones; software y aplicaciones; servidores o CPD; y equipamiento para el puesto de trabajo. Será un momento crucial para muchas empresas del sector, puesto que en juego hay compras de tecnología por valor de 2.300 millones de euros durante cuatro años. Para Guillermo Arbelo, director de canal de Arsys, el movimiento de la Generalitat es interesante porque nos encontramos “un cambio de paradigma en la contratación pública”.
