La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha elaborado un informe a partir de datos publicados por el Ministerio de Hacienda, del que se desprende que el déficit del Estado rebasaría ya la temida barrera del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta alcanzar el 7,11%. Esta cantidad resulta de los cálculos realizados por la PMcM teniendo en cuenta los intereses de demora generados por las Administraciones Públicas durante 2012 por los retrasos en el pago de la deuda a proveedores.
Las estimaciones de la PMcM sitúan el importe de los intereses de demora en 1.336 millones de euros, lo que elevaría en 13 décimas la última cifra oficial del Gobierno (6,98%). Este porcentaje del déficit público estaba situado anteriormente en el 6,74%, Recientemente esta cifra ha sido modificada a petición de Eurostat por los ajustes de devoluciones de impuestos.
Del total de 1.336 millones de euros, las AA.PP. que acaparan un mayor porcentaje de deuda son las CC.AA., con 742 millones de euros, seguida de la Administración Local, con 435 millones de euros, y el Estado, con 189 millones de euros.
Este lunes el Gobierno ha publicado en su web el “Informe sobre cumplimiento de plazos de pagos. Año 2012”. En este sentido, la PMcM solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que incluya los intereses de demora en este estudio.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha señalado que la estimación de la entidad es “conservadora”, puesto que en el cálculo no se han tenido en cuenta la deuda a proveedores proveniente de ejercicios anteriores a 2012 ni tampoco aquellas facturas que pudieran estar todavía pendientes de registro.
Asimismo, los cálculos de las Corporaciones Locales se realizaron en base a los presupuestos al no estar publicados aún los datos de detalle de ejecución de 2012. Si se hubiera tomado la ejecución de 2011, la cifra total hubiera sido de 1.422 millones de euros y, si además se calculara con el tipo de interés actual del 8,75%, entonces alcanzaría los 1.697 millones de euros.
Otro de los aspectos que hacen que sea una previsión cautelosa es que el plazo medio de pago (141 días según la PMcM), se ha aplicado a todas las administraciones por igual. Sin embargo, “sabemos que los plazos son más dilatados en las CC.AA. y las Administraciones Locales, que precisamente son las que mayores compromisos con proveedores adquieren y las que inciden en mayor número de empresas”, explica Cañete.
“Con los intereses de demora derivados de los impagos a proveedores, vemos cómo el sector público drena, una vez más, los recursos del sector privado”, denuncia. En su opinión, es preciso que “el Gobierno continúe tomando medidas y acelere la aplicación de los plazos de pago que establece la ley”.
Cañete ha querido recordar que “si una empresa se retrasa en el pago de sus impuestos tiene que pagar directamente un 20% en concepto de recargo. Aplicando un principio de reciprocidad, las AA.PP. deberían pagar de oficio los intereses de demora a los que les obliga la ley cuando sobrepasan los plazos legales de pago a sus proveedores”.
Algunas de las propuestas de la PMcM son crear un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador; generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas; acabar con el trato de favor de algunos colectivos ante la Ley y una solución pasaría por derogar los artículos 17 de la Ley del Comercio Minorista y 228 de Contratación Pública; crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país. “En España calculamos que de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado desde que se inició la crisis, al menos un tercio lo ha hecho debido a la morosidad”, asegura.
Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.
Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).
Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.
El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.
