La obligatoriedad de la facturación electrónica en España a partir del 1 de enero de 2026 sigue siendo un desafío para la mayoría de las pymes. Un reciente estudio de Sage revela que el 65% de estas empresas desconoce cómo les afectará el nuevo marco legal que deriva de la “Ley antifraude”, lo que pone en evidencia una falta de preparación generalizada ante el cambio normativo.
El informe indica que un 22% de las pymes españolas admite no estar preparadas para la transición y consideran que la normativa es confusa. Incluso entre aquellas que aseguran conocer las nuevas exigencias, un 37% aún no ha tomado medidas para adaptarse.
Actualmente, la penetración de la facturación electrónica en España es baja: solo el 4% de las pymes la utiliza, mientras que un 31% cuenta con un software certificado en antifraude. Estos datos reflejan que, a menos de un año de su aplicación obligatoria, muchas empresas aún no han iniciado el proceso de adaptación.
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Aumenta la demanda de formación
Ante la incertidumbre, más de 2.000 pymes han buscado información y asesoramiento sobre la facturación electrónica a través de sesiones formativas organizadas en varias ciudades españolas. Durante los encuentros de Sage, los asistentes pudieron conocer los requisitos normativos y las posibles soluciones para facilitar la transición.
Los datos muestran que 7 de cada 10 empresarios consideran urgente adaptarse a la nueva normativa, y un 23% planea implementar los cambios de inmediato. Además, se han desarrollado eventos en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio, junto con acciones formativas que han generado más de 230.000 interacciones y 6.500 inscripciones a webinars.
Impacto de la facturación electrónica
La digitalización de la facturación no solo responde a una obligación legal, sino que también podría suponer un ahorro de 10.300 euros anuales por empresa y reducir un 44% el tiempo dedicado a la gestión de facturas, según un análisis de Sage y AFI (Analistas Financieros Internacionales).
Experiencias en otros países europeos han demostrado que la facturación electrónica contribuye a la reducción de la carga administrativa y a una mayor transparencia en los procesos empresariales. Sin embargo, para lograr estos beneficios, es clave que las pymes comiencen cuanto antes su adaptación a la normativa.
Con la cuenta atrás en marcha, el reto para las pequeñas empresas es doble: cumplir con la ley y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar su eficiencia y competitividad.
