No hay acuerdo. Las compañías tecnológicas y las entidades encargadas de gestionar los derechos de autor (hasta ocho) no han sido capaces de pactar la cuantía que se deberá pagar a los autores por la grabación de digital de sus obras. Meses de negociación no han sido suficientes para establecer la tasa (el famoso canon digital) ni para determinar a qué soportes ha de afectar. Así las cosas, el Gobierno tendrá que fijar el sistema de imposición de la misma en un plazo de tres meses, y lo hará a través de los ministerios de Cultura y de Industria. Concretamente, mediante una orden ministerial y antes de que termine el mes de marzo, ambas instituciones deberán desvelar la relación de equipos, aparatos y soportes digitales, así como las cantidades aplicables a cada uno de ellos en concepto de compensación por copia privada.
Ambas partes llevan intentando firmar un acuerdo desde el pasado mes de septiembre de 2006. Sin embargo, las diferencias entre los dos grupos parecen imposibles de limar. Además, éstas también se han producido incluso dentro de cada una, esto es, sector TI y asociaciones. No obstante, los más optimistas aún creen que existe alguna posibilidad de acercar posiciones antes de que el Gobierno deba tomar cartas en el asunto.
