Aunque el sector recibió 2007 con muchas esperanzas centradas en el “efecto tractor” del DNI electrónico sobre proyectos en torno a la identificación y firma digital, lo cierto es que el mercado no ha respondido a estas expectativas. Ésa es al menos la opinión de Adrián Moure, vicepresidente y codirector general de la compañía de seguridad española Safelayer. De momento, ni el sector privado ni el público han mostrado interés por blindar sus servicios electrónicos a través de la certificación digital. Además, según Moure, a estas alturas aún es necesario explicar bien a los usuarios los beneficios del nuevo DNI, por lo que Safelayer insta a la administración, hasta ahora la gran locomotora de este segmento, y al sector financiero a que dediquen “más dinero y esfuerzo” a esta tarea. En un contexto en el que las transacciones por Internet cada vez reciben más ataques y la utilización de certificaciones digitales adquiere una mayor importancia, Moure no comprende que el primer criterio a la hora de implantar soluciones de este tipo sea la mera rentabilidad y el retorno de la inversión. El directivo recalca que desde enero de 2007 no se ha licitado ningún proyecto nuevo, algo que le sorprende ya que “estamos a las puertas de la difusión total del DNI electrónico y apenas se están promoviendo aplicaciones y servicios para éste”. Pero se supone que las cosas deben empezar a cambiar. No en vano, las previsiones apuntan a que a finales de 2008 se habrán repartido unos 6 millones de los nuevos DNI y para 2010 esta cifra se situará entre los 15 y 17 millones. Hasta ahora, del millón de documentos digitales ya expedidos, tan sólo unas 1.500 personas han rechazado las certificaciones electrónicas incluidas en los mismos. El impulso puede venir de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP), una norma que establece el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones, así como la obligación de éstas a garantizarlo. En principio, la AGE (Administración General del estado) debe cumplir con los principios y obligaciones de esta ley en 2008, pero a partir de 2010 deberá ser aceptada por todas las administraciones.
Asimismo, en este contexto destaca la puesta en marcha del proyecto “Segur@ Seguridad y Confianza en la Sociedad de la Información”, en el que durante los próximos cuatro años se invertirán 31,61 millones de euros, sufragado al 50% por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para promover el uso de las TIC reforzando los conceptos de “redes confiables” e “identidad digital”. En esta iniciativa, además de Safelayer, participan otras once compañías: Telefónica I+D, Alcatel Lucent, Atos Origin, Caja de Ahorros de Navarra, Ericsson, Garrigues Abogados, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Panda Security, s21sec, Secuware y Sermepa (servicios para medios de pago).
