La demora en los pagos es uno de los problemas eternos de la economía española, y del sector informático en particular. En España, nos retrasamos excesivamente para abonar las facturas, con los problemas contables y de tesorería que eso genera para todos. Antonio Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), dice que los plazos van bajando, pero todavía siguen estando muy por encima de lo que marca la ley y de lo que es norma en los países avanzados, sobre todo del norte de Europa.
En el último informe de este organismo, correspondiente a 2014, el plazo de pago medio de las empresas privadas es de 89 días, 9 menos que en el año 2011, pero todavía 19 por encima del plazo legal. En el sector público ha habido una mejora apreciable en los últimos tiempos, sobre todo gracias a los planes de pago proveedores del Gobierno. Sin embargo, los plazos medios siguen siendo escandalosos: en 2013 era de 111 días (¡casi tres meses por término medio!) y en 2014 quedó en 82 días. El dato es aún más sangrante si se tiene en cuenta que en el sector público el margen que da la ley para abonar las facturas es de sólo 30 días.
Para muchos, la única solución al problema es establecer un régimen sancionador duro y efectivo. Un poco al estilo de lo que ha pasado con el tráfico, que hasta que no entró en vigor el carnet por puntos y se endurecieron las penas, era coto de imprudentes. Precisamente, un régimen de sanciones es lo que pide desde hace años la PMcM, según Antonio Cañete, su presidente.
Sin embargo, desde esta plataforma también creen necesarias otras medidas, como potenciar la figura del mediador extrajudicial, “que tanto éxito ha tenido en Francia”, crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratas; o desarrollar un observatorio contra la morosidad para comprobar en cada momento el comportamiento de los pagadores. Asimismo, la PMcM también propone que los costes inherentes al cobro de facturas fuera de plazo sean abonados por el comprador, y que sea irrenunciable el derecho a recibir los intereses de demora, algo que marca de forma clara la ley.
Las grandes empresas incumplen
Una de las grandes sorpresas cuando se habla de morosidad la dan las grandes empresas. Y es que, a pesar de ser las que cuentan con más músculo financiero, son también las que más estiran los plazos. Según la PMcM, la morosidad de las empresas del IBEX supera los 47.000 millones de euros, y su plazo medio de pago asciende a 169 días, casi el triple de lo que marca la ley. “Esta situación evidencia que algunas de estas grandes compañías se financian a costa de sus propios proveedores, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de un régimen sancionador si queremos terminar con esta lacra”, asegura Antonio Cañete. Hace poco, un fabricante de tecnología comentaba indignado a esta revista cómo Telefónica, la primera firma del sector TIC en España, se ha convertido en “uno de los peores pagadores del país”.
Muy distinto es el panorama en el sector público. Desde la PMcM valoran los avances que en la administración española han supuesto las ayudas del Gobierno para agilizar los abonos de las facturas en el cajón a través de los planes de pago a proveedores. Sin embargo, también recuerdan que estos planes exigían la renuncia de los perjudicados a los intereses de demora, algo que algunas sentencias ya han corregido. Además, desde la Plataforma, Antonio Cañete recuerda que los plazos que reconoce la misma administración están muy por debajo de la realidad, puesto que el sector público cuenta en sus estadísticas el plazo que excede de los 30 días marcados por ley, lo que lleva a que haya organismos donde las cifras que marcan los plazos de abono sean negativas.
[La versión completa de este reportaje está disponible en CHANNEL PARTNER 155, correspondiente al mes de mayo de 2015, y que puede descargar aquí]
