Idoia Mendia, consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, y Leopoldo Boado, country manager de Oracle España, han ratificado hoy la firma del acuerdo para la utilización de tecnología Oracle en el programa de modernización de la Administración pública del País Vasco. De esta forma, el contrato de licencias ilimitadas, que permite a todas las Administraciones públicas de Euskadi la utilización de las tecnologías Oracle de bases de datos, servidor de aplicaciones Java, middleware SOA y Business Intelligence, queda renovado durante tres años y medio, hasta diciembre de 2015. El ahorro previsto por el Gobierno Vasco en el coste total de propiedad (TCO) de estas tecnologías asciende a 5,5 millones de euros.
Este nuevo acuerdo marco, tercero que firma el Gobierno Vasco con la empresa Oracle, amplía de forma sustancial el objeto de los anteriores. En concreto, incluye 20 productos y plataformas ya validadas (el primero, de 2006, tenía dos y el segundo, de 2009, cuatro). Además, mantiene el carácter general del contrato, ya que afecta a todo el sector público de todos los niveles institucionales vascos: Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, además del Parlamento Vasco y las Juntas Generales, incluyéndose algunas instituciones de reciente creación.
Por otro lado, los productos y plataformas incluidas en el acuerdo permitirán en el futuro mejorar el rendimiento de algunos proyectos, como el de receta electrónica, y afrontar a un coste razonable los principales retos tecnológicos futuros que afronta el Gobierno Vasco, como el cloud computing.
Las previsiones de ahorro de Oracle para el cliente son ambiciosas. “Sólo para el ámbito del Gobierno Vasco, y haciendo una previsión de uso muy restrictiva para los próximos tres años y medio, el ahorro estimado asciende a 5,5 millones de euros en el coste total de propiedad (TCO) de estas tecnologías. Si ampliamos el ámbito de análisis a todas las instituciones incluidas en el contrato, el ahorro es mucho mayor, ya que el uso de estas tecnologías no supone costes adicionales para ninguna otra institución pública de las incluidas en el contrato”, dice una nota remitida por el fabricante.
