Según los resultados de la quinta edición del Barómetro de Coyuntura Económica del Asesor, un 73% de ellos consideran que la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio, con tendencia a gravar las rentas más altas, agravaría el problema de la desinversión en España. En cuanto a las posibles consecuencias de esta reforma fiscal, el 53% de los asesores opinan que supondría claramente una deslocalización de los patrimonios hacia territorios de baja tributación, mientras que el 20% creen que esta iniciativa sería poco incentivadora para las inversiones extranjeras en nuestro país.
Además, ante la coyuntura económica actual que se vive en España, el 86% de los asesores consideran que la reducción al 4% del tipo de IVA aplicable a las entregas de viviendas no va a favorecer la reactivación del sector inmobiliario. La mayoría cree que esta medida, establecida por el Real Decreto-Ley 9/2011 de medidas de consolidación fiscal, no es suficiente, ya que la reactivación del sector depende principalmente de que las entidades financieras vuelvan a abrir sus líneas de préstamos hipotecarios a los consumidores. Por el contrario, el 14% restante lo ve de forma positiva y opina que la reducción de esta carga va a suponer un notable ahorro para el comprador.
Sobre las medidas de fomento sobre la estabilidad en el empleo, aprobadas en el RD-Ley 10/2011 del 26 de agosto, un 61% opina que, dada la situación actual, lo importante es contratar aunque sea de forma temporal. Sin embargo, un 18% de los encuestados se oponen y consideran que estas medidas fomentarán la contratación temporal en detrimento de la estabilidad en el empleo, ya que también se eliminan las restricciones a la vinculación de contratos personales.
A su vez, el 55% de los asesores afirma que el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, que pretende mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes parados, no aportará soluciones. En cambio, un 27% piensa que esta medida, aprobada también en el Decreto del 26 de agosto, impulsará el interés de este tipo de contratos por parte de las empresas.
Por último, la mitad de los asesores encuestados creen que motivar a las empresas para que contraten a recién titulados puede ser una medida interesante, ya que seguramente eso se traduciría en beneficios fiscales para la empresa. No obstante, el 36% piensa que, aunque gracias a este incentivo se redujera el paro juvenil, no sería una medida totalmente positiva ya que haría que disminuyese la contratación de desempleados de edades superiores.
